Santo Domingo.– Decenas de miembros del Colegio Dominicano de Notarios realizaron este martes una marcha pacífica en el Centro de los Héroes que culminó en el edificio de la Procuraduría General de la República, en reclamo de que ese organismo le entregue más de 113 millones de pesos que le retiene ilegal e injustificadamente, en perjuicio del gremio.
La presidenta del Colegio de Notarios, doctora Laura Sánchez Jiménez, encabezó la marcha de los profesionales del derecho, quienes iniciaron el recorrido en la esquina de las avenidas Jiménez Moya con Correa y Cidrón, en el Centro de los Héroes y concluyeron en el edificio que aloja la Procuraduría.
Sánchez Jiménez manifestó que esa entidad reclama la aplicación de la ley 140-15, para que este colegio garantice los planes de pensiones, ayudas médicas y cuente con los recursos necesarios para la firma digital.
Precisó que la Procuraduría dejó de pagarle al Colegio de Notarios la cantidad citada por la transferencia de 130 pesos por cada acto notarial que es certificada la firma del notario, desde la entrada en vigencia de la Ley 140-15, el 12 de agosto de 2015.
Sostuvo que, durante el período anotado, la Procuraduría no acredita íntegramente los montos que corresponden al Colegio de Notarios, y la acusó de causarle daños materiales y morales en la medida que mella las labores que dicho colegio está obligado a desarrollar con los fondos provenientes de la tasa legal a que se refiere la ley, incluyendo la asistencia social a sus afiliados.
La doctora Sánchez Jiménez señaló que la Procuraduría percibió casi tres mil millones de pesos por la aplicación del recibo notarial, y explicó que la Procuraduría debe cobrar, conforme con la Ley 140-15, del Notariado, 130 pesos por cada acto notarial; sin embargo, está cobrando 700 pesos, de los cuales sólo entrega 80 pesos al Colegio de Notarios.
Dijo que el Colegio Dominicano de Notarios no permitirá transgresiones, actuaciones impropias, arbitrarias y desnaturalizantes por parte de la Procuraduría, ni de ningún órgano o ente público o privado, en desmedro de sus responsabilidades reservadas por la ley.
Manifestó que es una aplicación impropia de la Procuraduría disponer el aumento del monto de dicho recibo de manera desproporcionada en su beneficio propio, no del Colegio Dominicano de Notarios, y en perjuicio de la ciudadanía, careciendo de competencia para ello, tal y como puede comprobarse por lo precisado por la Ley No. 140-15 del Notariado.
La doctora Sánchez Jiménez dijo que la Procuraduría General no está en condiciones de ejercer el control de la certificación de las firmas de los notarios públicos, toda vez que carece de la base documental que permita hacer las indispensables verificaciones.
Indicó que, por tanto, en tales circunstancias se pone en peligro la seguridad jurídica del país y de los actos jurídicos, cuestión que repercute también en los negocios del país, toda vez que certifican las firmas de notarios fallecidos, destituidos, suspendidos o inhabilitados, por esa falta de información actualizada al respecto.
