Las autoridades tienen una parte importante de la responsabilidad en el desastre del tránsito en el Gran Santo Domingo y Santiago.
La inacción frente a las violaciones de las normas de tránsito por parte de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) también provoca muchos tapones.
Para resolver muchos de esos problemas no se requieren grandes inversiones, sino la voluntad de los agentes de hacer cumplir las normas establecidas.
Falta microgerencia.
Por ejemplo, permitir que conductores que van a doblar a la izquierda ocupen hasta tres carriles, impidiendo que quienes van derecho puedan continuar la marcha, no requiere inversión.
Impedir el estacionamiento paralelo en calles de dos carriles tampoco requiere inversión de dinero.
Eliminar reductores de velocidad colocados sin autorización solo requiere determinación por parte de las autoridades.
Y así muchas otras imprudencias que se cometen ante la mirada indiferente de agentes de servicio en esos lugares.
Se puede entender que un país pobre no haga grandes inversiones en obras viales, pero enfrentar esas situaciones mejoraría de manera considerable.
La población tiene que poner de su parte respetando las normas de tránsito, pero las autoridades tienen la obligación de hacerlas cumplir imponiendo las sanciones de lugar.
Hagamos la prueba y pronto se verán resultados positivos.
