TEGUCIGALPA.-Tras una investigación de 14 meses, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) concluyó que la clase política y las instituciones hondureñas no tuvieron capacidad para evitar el golpe de Estado y la expulsión violenta del presidente Manuel Zelaya en junio de 2009.
En su informe titulado Para que los hechos no se repitan divulgado ayer, el grupo investigador también señaló que la decisión de Zelaya (2006-2009) de no acatar las acciones de la fiscalía, la Procuraduría General, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema para impedir la convocatoria a una constituyente fue el elemento definitivo e irreversible de confrontación que tuvo su desenlace en la captura por orden judicial de Zelaya… ejecutándose de esta forma el golpe de Estado.
La CVR sostuvo que la forma de procesar la crisis política -haciendo uso de un procedimiento al margen de la ley, empleando la fuerza para expulsar al presidente de la república fuera del país y utilizando a las fuerzas armadas para resolver un conflicto político institucional- evidencia la poca capacidad que demostró la clase política para llegar a acuerdos y la incapacidad de las instituciones democráticas de resolver la crisis haciendo uso de los mecanismos y disposiciones de las leyes de Honduras.
Agregó que las fuerzas armadas acataron parcialmente la orden judicial de allanar la vivienda y capturar al presidente Zelaya pero no cumplieron la segunda parte que mandaba presentar a Zelaya ante autoridad competente.
En su lugar, la junta de comandantes lo envió a San José de Costa Rica y la Corte Suprema no procedió a pedir explicaciones y a controlar los actos inconstitucionales de las fuerzas armadas, ni los cometidos posteriormente por el Congreso al separar de su cargo a Zelaya y nombrar en su lugar al presidente del Congreso, Roberto Micheletti.
El presidente Porfirio Lobo elogió la férrea voluntad y enorme capacidad demostrada por los comisionados al dedicar largas horas y días en preparar su informe sin apasionamientos ni violencias, lo que nos ayudará a sanar las heridas y desentrañar las circunstancias de la crisis política.
Indicó que la contribución de la comisión es invaluable para que el pueblo conozca la verdad para que sobre ella edifiquemos la reconciliación nacional y fortalezcamos el sistema democrático. Por ello es el profundo agradecimiento del pueblo y de mi gobierno.
La comisión fue creada bajo el auspicio de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el objetivo de identificar los hechos que condujeron a la crisis de 2009 y proporcionar elementos para evitar que se repitan en el futuro.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, participó en la ceremonia de presentación del informe. La comisión surgió en abril de 2010 a instancias del Acuerdo de Tegucigalpa-San José impulsado por el ex presidente de Costa Rica Oscar Arias.
El convenio estableció que el mandatario hondureño que asumiera en enero de 2010 debía pacificar el país y poner en marcha un gobierno de unidad nacional.
Lobo ganó los comicios de noviembre de 2009. Micheletti firmó el pacto y aunque inicialmente Zelaya lo aceptó, luego lo rechazó alegando que no ofrecía soluciones a la crisis política hondureña.
Según la comisión, el detonante del golpe ocurrió el 25 de junio de 2009 cuando Zelaya junto con miles de partidarios irrumpió en la base aérea de Tegucigalpa para sacar por la fuerza 20.000 urnas de cartón con más de un millón de votos para ser usados en la fallida consulta. Las urnas habían sido decomisadas por la fiscalía y eran custodiadas por los militares.
La CVR también estableció que entre el golpe y enero de 2010 las autoridades cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos.
Los principales derechos violados fueron los derechos a la vida, a la integridad, libertad y seguridad personales, y a la libertad de expresión e información, y sus repercusiones sobre el derecho a la justicia, indicó.
Agregó que la policía y el ejército dieron muerte a 12 personas utilizando desproporcionadamente sus armas de fuego y gases tóxicos y que otras ocho fueron asesinadas de manera selectiva por los agentes de la ley.
La comisión constató que unas siete víctimas mortales no habían participado de las manifestaciones callejeras del Frente de Resistencia zelayista por lo que no suponían peligro alguno para la vida de sus ejecutores o de la población y destacaron que en ningún caso estaba justificada la respuesta con fuerza mortífera que ordenaron, autorizaron y encubrieron los mandos y autoridades superiores de la policía y fuerzas armadas.
La comisión declaró el secreto sobre 10% del informe y lo enviará a una biblioteca de Canadá, donde permanecerá clasificado durante 10 años.
El informe no incluyó el testimonio de Zelaya, que se negó a declarar ante la comisión. Zelaya en cambio ofreció sus vivencias del golpe a la Comisión de Verdad integrada por el Frente de Resistencia y que dará a conocer sus resultados en diciembre.
Zelaya retornó en mayo de su exilio en República Dominicana y desde entonces lleva a cabo intensas reuniones con sus seguidores para convocar una constituyente y refundar al país, lo que Lobo impulsa por separado.
La CVR está presidida por el ex vicepresidente y ex canciller guatemalteco Eduardo Stein e integrada por la peruana María Zavala, ex ministra de Justicia y ex representante de su país en la OEA; el embajador canadiense Kergin y los hondureños Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma, y Jorge Omar Casco, ex rector de la misma institución.
Diane Ablonczy, ministra de Estado de Asuntos Exteriores de Canadá, dijo que el trabajo de la comisión contribuirá a sanar las heridas en Honduras… y es un paso crucial hacia el reconocimiento de las causas y las consecuencias de la crisis política del 2009.
Agregó que contribuirá al fortalecimiento de las instituciones políticas y ayudará a los hondureños a tener más confianza en sus instituciones democráticas y afirmó que Canadá está muy orgulloso del papel de Kergin en la CVR.
