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Metro Country Club bajo amenaza: inversionistas extranjeros y locales enfrentan desalojos por deuda ajena

  • Propietarios locales y extranjeros del proyecto Metro Country Club denuncian que podrían perder sus inmuebles por una deuda millonaria ajena, en un caso que pone en entredicho la seguridad jurídica para la inversión inmobiliaria en República Dominicana

Santo Domingo.- La Asociación de Propietarios de Inmuebles del proyecto turístico Metro Country Club (APIMCC) denunció este jueves una situación de irregularidad en la titulación de sus propiedades, que podría llevar al desalojo forzoso de decenas de familias nacionales y extranjeras que aseguran haber adquirido sus viviendas con títulos legalmente emitidos.

De acuerdo con Tony Antonio Pimentel, presidente de la asociación, al menos 19 propietarios han sido notificados con órdenes de desalojo y otros 60 estarían bajo riesgo inminente, tras una sentencia que busca ejecutar una deuda privada de 9.6 millones de dólares, utilizando como garantía inmuebles que ya habían sido legalmente vendidos a terceros.

Destacó que de la cantidad de los perjudicados, un aproximado del 30% de los propietarios son inversionistas internacionales, provenientes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Polonia, España y Rusia.

Explicó que el proyecto, que cuenta con cerca de 1,000 propiedades entre villas, apartamentos y solares, representa una importante inversión inmobiliaria privada, tanto local como extranjera.

Un golpe a la confianza de inversionistas extranjeros

Asimismo, destacó que el centro del conflicto está en un préstamo tomado por el desarrollador original del proyecto, Luis José Asilis, quien habría garantizado la deuda con títulos de propiedad que, en el momento de la ejecución, ya no estaban a su nombre.

Antonio Pimentel sostuvo que los propietarios actuales aseguran haber adquirido sus viviendas con títulos emitidos por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), deslindados, y con los impuestos pagados al Estado dominicano.

Sin embargo, hoy enfrentan un proceso judicial que podría despojarlos de sus inmuebles sin haber contraído ninguna obligación financiera.

“Esto no solo es un problema legal. Es un atentado directo contra la credibilidad del país como destino de inversión. Si en República Dominicana usted compra una propiedad con todos los requisitos legales y aún así puede ser desalojado, no hay seguridad jurídica”, advirtió el presidente de APIMCC.

Impacto económico

Uno de los propietarios afectados, Manolo Casanova, aseguró haber invertido 360,000 dólares en su vivienda hace 18 años, y hoy podría perderla sin compensación alguna.

El caso de CasaNova se repite entre los demás residentes afectados, que han destinado sus ahorros, patrimonios familiares o préstamos hipotecarios para adquirir estos inmuebles.

Tony Antonio Pimentel dijo que además del daño individual, el conflicto podría desencadenar un efecto dominó en el sector turismo-inmobiliario.

Apuntó que Metro Country Club ha sido durante años una referencia de inversión extranjera en el Caribe dominicano. Una resolución adversa a los propietarios enviaría una señal de riesgo para quienes consideran al país como destino para retiro, inversión o turismo residencial.

La APIMCC advirtió que el caso podría escalar a niveles diplomáticos si no se encuentra una solución institucional. Aseguró que las embajadas de los países cuyos ciudadanos están afectados serían notificadas, lo que podría abrir un frente internacional para el gobierno dominicano en materia de protección de inversiones.

“No puede haber un clima de inversión estable si el Estado permite que una propiedad sirva de garantía para una deuda que su dueño actual no autorizó, no conocía y no contrajo”, afirmó Pimentel.

Llamado urgente a las autoridades

La asociación exigió la intervención inmediata del Estado dominicano, incluyendo al presidente de la República, el Ministerio Público y la Procuraduría General, para investigar cómo se permitió una operación que consideran fraudulenta desde el punto de vista legal y financiero.

Los afectados alegan que no fueron citados ni notificados del proceso judicial, y que la sentencia tiene carácter de “cosa juzgada” por falta de apelación del demandado original. Esto, aseguran, los deja sin herramientas jurídicas inmediatas, lo que agrava aún más el problema.

“Nos encontramos en total indefensión. No podemos apelar una sentencia en la que no fuimos parte. Y eso genera sospechas sobre cómo se manejó este proceso desde el inicio”, concluyó

Metro Country Club representa una concentración significativa de capital inmobiliario en el Este dominicano, con propiedades que oscilan entre los 800 y 1,000 metros cuadrados y residentes con inversiones acumuladas por millones de dólares.

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Eymi Silvestre

Periodista del área económica.

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