Santo Domingo.- Durante el 2025, más de 800 líderes sociales y comunitarios participaron activamente durante en las Mesas Comunitarias del Defensor del Pueblo, una iniciativa que permitió intervenir en conflictos legales, denunciar maltratos carcelarios y gestionar soluciones a crisis ambientales en diversas provincias
Este sistema de voluntariado social que actúa como un puente directo entre la ciudadanía y el Estado para garantizar la educación y defensa de los derechos fundamentales, se expandió a 20 provincias, 106 municipios y 8 bloques de barrios del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
Un mecanismo de participación ciudadana con alcance nacional
Así lo establece el informe “Memorias de las Mesas Comunitarias del Defensor del Pueblo durante el año 2025”, elaborado por Miguel Puello, segundo suplente del Defensor del Pueblo y coordinador nacional de las Mesas Comunitarias, en el que se resalta el impacto territorial y social de esta iniciativa, concebida como una instancia de articulación entre las comunidades organizadas y este órgano constitucional.
Estas mesas tienen como finalidad promover la inclusión social, la participación ciudadana y el empoderamiento de las organizaciones sociales y comunitarias en la defensa de los derechos humanos.
Se trata de un programa innovador, impulsado por líderes sociales, alineado con el eje de construcción de ciudadanía del Plan Estratégico Institucional 2021–2027, que ha permitido acercar la Defensoría del Pueblo a las realidades locales.
Intervenciones clave en conflictos sociales, legales y ambientales
En el periodo presentado, los integrantes de las mesas, provenientes de juntas de vecinos, asociaciones comunitarias, grupos religiosos, maestros, abogados, médicos, microempresarios y profesionales de diversas áreas, realizaron un amplio trabajo de acompañamiento a ciudadanos, canalización de denuncias y mediación de conflictos sociales.
Decenas de casos relacionados con vulneraciones de derechos fundamentales fueron presentados ante la Oficina de Atención al Ciudadano del Defensor del Pueblo.
Entre las acciones más relevantes del período, se destaca la gestión para la entrega voluntaria a la Policía Nacional de siete jóvenes en conflicto con la ley, a solicitud de sus familiares, evitando situaciones de violencia extrema.
Asimismo, coordinadores de mesas comunitarias lograron la liberación de más de 36 ciudadanos arrestados durante redadas policiales ilegales en distintos municipios del país.
Las Mesas Comunitarias también intervinieron en conflictos ambientales y sociales en comunidades como Samaná, La Romana, Boca Chica, Cristo Rey, Los Guandules, San Antonio de Guerra y San Isidro, gestionando soluciones ante autoridades municipales.
Defensa del derecho a la vivienda y protección comunitaria
De igual manera, acompañaron a familias afectadas por desalojos arbitrarios y abusos de poder, en defensa del derecho a la vivienda y la propiedad adquirida por años de ocupación pacífica.
Un caso de alto impacto fue denunciado por la Mesa Comunitaria de Cristo Rey, que alertó al Defensor del Pueblo sobre el peligro que enfrentan más de 40 familias del sector Puerto Isabela, antiguo Hoyo de Chulín, ante el riesgo de colapso de un edificio con fallas estructurales, sin respuesta efectiva de las autoridades competentes.
En Los Guayacanes, las mesas lograron mediar exitosamente un conflicto comunitario generado por la construcción de una pared divisoria, alcanzando una solución pacífica.
Denuncias sobre condiciones penitenciarias
Durante el año, las Mesas Comunitarias denunciaron las condiciones infrahumanas del Centro Penitenciario CCR-11 de San Pedro de Macorís, donde fallecieron cuatro privados de libertad como consecuencia de torturas y malos tratos.
También mantuvieron una denuncia constante sobre el vertedero a cielo abierto en los Humedales del Ozama y en comunidades rurales de Santo Domingo Norte y Monte Plata.
En el ámbito institucional, en 2025 se logró la aprobación del Manual de Funcionamiento de las Mesas Comunitarias del Defensor del Pueblo, así como la entrega de carnets de identificación para coordinadores y secretarios, y certificados de acreditación para los demás integrantes.
Además, varios concejos de regidores aprobaron resoluciones reconociendo formalmente la creación de estas mesas en sus municipios.
Desafíos pendientes
No obstante, el informe señala desafíos importantes, como la escasez de presupuesto, la falta de claridad en algunas instancias superiores del Defensor del Pueblo sobre el rol y alcance de las Mesas Comunitarias, así como la carencia de personal de apoyo institucional, lo que ha limitado su fortalecimiento pleno.
A pesar de estas limitaciones, Miguel Puello reafirma el compromiso de perseverar y fortalecer este modelo de participación ciudadana, convencido de que las Mesas Comunitarias representan uno de los aportes más innovadores de la gestión 2021–2027.
“Los ciudadanos necesitan acompañamiento y respuestas, y las mesas seguirán siendo el puente entre las comunidades y las autoridades”, señala Puello en el documento.
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Yamer Javier
Periodista especializada en la fuente de salud. Máster en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas,
