Cada uno de los ciudadanos dominicanos de alguna forma paga impuestos o está abonado a una empresa de servicios o tiene un contrato por el que tiene que pagar una determinada suma de dinero, a veces contra su voluntad.
El pago de la energía eléctrica es, sin lugar a dudas, el más cuestionado, debido a la histórica mala calidad de este servicio.
Los reclamos sobre mala facturación son constantes.
Hace poco la Superintendencia de Electricidad informó que acreditó un monto global de RD$13.5 millones a usuarios que presentaron sus reclamaciones a las oficinas del Departamento de Protección al Consumidor.
Sin embargo, se trata de una respuesta que está muy por debajo de la realidad económica y emocional que viven a diario millones de usuarios que prefieren no reclamar.
En sentido general, en la República Dominicana existe muy poca cultura de servicio al cliente. Los usuarios de los servicios públicos con gran frecuencia son tratados de manera desconsiderada.
Pueden testimoniar sobre eso los clientes de casi todos los servicios públicos, incluidos los que prestan empresas privadas.
En gran medida los dominicanos han optado por no reclamar, debido a la debilidad o inoperancia de los entes reguladores.
Sin embargo, en los últimos meses los consumidores se han sentido respaldados por el Instituto Nacional de Protección al Consumidor (Proconsumidor), especialmente después que asumió su dirección Altagracia Paulino.
Esa funcionaria ha actuado con gran responsabilidad y por lo tanto la población en su conjunto debe darle un firme respaldo.
