En el área de la construcción y las zonas agrícolas hay una práctica recurrente de contratar mano de obra extranjera; y por vía de consecuencia, las plazas son cubiertas por trabajadores mal pagados.
Esa práctica hace pensar que los inmigrantes haitianos sacan del mercado laboral a los trabajadores nacionales.
Pero el verdadero enfoque, el correcto, es que empresarios dominicanos se aprovechan de la ilegalidad de los haitianos para evadir el pago de los beneficios laborales de sus empleados y de la seguridad social.
Cualquier extranjero que trabaja en la República Dominicana, incluyendo a los haitianos, que son el grupo mayoritario, debe estar dotado de un contrato de trabajo, lo que le garantiza sus derechos.
Ninguna industria puede sustentarse sobre la base del uso de mano de obra ilegal barata, por lo tanto hace bien el Estado en obligar a los que la contratan a someterse a la legalidad.
La industria de la construcción, por ejemplo, tiene que empezar a sincerar sus nóminas y que sus costos reflejen el pago de todas las obligaciones laborales. Es un absurdo querer justificar esa irregularidad con la inaudita excusa de que corregir esa situación incrementaría los costos. Las autoridades tienen que ser rígidas en las sanciones contra los que explotan la mano de obra indocumentada.
