Las leyes y los organismos de protección al consumidor son tan frágiles que, constantemente, el mercado se ve bombardeado con productos y artículos de mala calidad y dudosa procedencia.
El caso de la venta de una leche en polvo a granel nos ocupa ahora. Y preocupa, sobre todo, por la gran cantidad de ese artículo que se vende en una impresionante red de negocios.
Igual que en otros periodos, el Ministerio de Industria y Comercio anuncia que jugará su papel, dando garantías de que actuará en cuestión para salvaguardar la calidad de la canasta familiar del pueblo dominicano, ya que el consumo de dicho producto afecta la salud de los ciudadanos.
El problema es que en este, igual que otros casos donde hay una red de comerciantes involucrados, se llega a un punto límite, sin que se pueda señalar con nombres y apellidos los responsables de abastecer el mercado con productos no aptos para el consumo humano.
Tampoco hay consecuencias más allá de retirar los productos del mercado. Se trata de una práctica que debe tener coto. No podemos guardar silencio ante la aplicación limitada de las leyes, sobre todo cuando no solo se atenta contra la salud, también hay una práctica de estafa a gran escala que debe ser sancionada.
