República Dominicana no requiere tutelaje de otros países u organizaciones internacionales para hacer cumplir sus leyes migratorias.
Mal haría el Gobierno dominicano en acceder al inocultable chantaje al que pretenden someterlo las autoridades haitianas con el único propósito de descargarse de la responsabilidad de atender a sus ciudadanos.
La política migratoria de un país no puede ser fruto de la “mediación” de ninguna otra nación, pues la misma debe estar orientada a la estrategia de desarrollo de la nación receptora y su aplicación se enmarca dentro del precepto innegociable de la soberanía.
En la definición de esas políticas migratorias se debe tener en cuenta el respeto a las leyes nacionales, acuerdos internacionales y los derechos humanos, que en caso de ser violados deben ser enmendados conforme a esos mismos principios.
El gobierno haitiano se ha mostrado artero, mentiroso, malicioso y mezquino frente a un Gobierno dominicano que ha sido solidario, comprensivo, receptivo, pero muy dubitativo.
La política migratoria que ahora se aplica ha partido de un incomparable Plan Nacional de Regularización de Extranjeros inclusivo, fácil y gratuito. Ningún gobierno del mundo puede exhibir un programa como ese y con un alcance sin igual, si se saca la proporción de la población nacional frente a los extranjeros acogidos al Plan.
Cualquier otro país u organismo internacional puede ofrecer sugerencias, pero no dar órdenes en esta materia, a menos que sea abogar porque se respeten los derechos humanos de los inmigrantes, lo que no implica renunciar al derecho de repatriar a los que residen en el país de manera ilegal o a aquellos que aún residiendo legalmente violentan las normas nacionales.
La política migratoria nacional no se consensúa con ningún otro gobierno.
