Una institución llamada a defender los derechos de los consumidores sin la facultad de imponer sanciones de verdad a quienes violentan las normas no tiene razón de ser.
Eso de sanciones morales o de disponer someter a los tribunales de Paz a quienes estafan o ponen en peligro la salud de los consumidores no parece ser la razón de ser de una institución creada por ley con las facultades que se les confieren a Pro Consumidor.
Las sanciones morales no parecen ser muy efectivas frente a quien tiene la disposición expresa de engañar, alterar un producto o beneficiarse de la ignorancia de sus clientes.
Y lo de someter a los tribunales simplemente significará una prolongación eterna de la solución de un reclamo, que terminaría eliminado por cansancio del afectado.
EL DÍA ha sido testigo de los esfuerzos realizados por la directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino, por cumplir con su rol y cómo esa actitud le ha traído dificultades hasta dentro del mismo Estado.
La decisión de un tribunal de desconocerle la facultad de imponer multas a los que violen las leyes le quita el elemento coercitivo para defender al consumidor.
No vamos a adentrarnos en los argumentos jurídicos que tuvo una jueza para tomar esa decisión. La simple lógica (que en justicia tiene un peso importante) indica que si otros organismos tienen facultad para imponer multas administrativas es porque las sanciones morales no funcionan en casos como éstos o porque la judicialización de ese tipo de quejas sería un absurdo.
Pro Consumidor no es juez y parte. Las partes son quien engaña y el engañado, pero no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. De ser como dice el tribunal, mejor sería cerrar a Pro Consumidor.
