Desde el punto de vista del comportamiento humano y de ciencias como la Psicología y la Psiquiatría, los especialistas que intervienen en medios de comunicación y eventos relacionados con el estudio y tratamiento de personas adictas a las drogas y al alcohol exponen planteamientos sobre posibles soluciones para quienes padecen este flagelo.
Familiares, amigos o personas cercanas a quienes consumen drogas y alcohol manifiestan que estos no deben ser vistos como personas comunes y corrientes. Expresan que, al ser dependientes de sustancias prohibidas o controladas, están enfermos y, en muchos casos, actúan en contra de su voluntad. Esta visión es compartida por algunos, mientras que otros creen lo contrario.
Sin embargo, se plantea que deberían asumir responsabilidades cuando sus acciones afectan a terceros, ya sean familiares o personas particulares.
Si esto es así, ¿Cómo se puede lidiar en procesos de mediación, conciliación o negociación con una persona controlada por estas sustancias en una mesa de diálogo, comunicación y propuestas?
Los expertos señalan que, en ciertos momentos, estas personas pueden parecer calmadas y dispuestas a escuchar, pero sin comprender realmente para qué están conversando, especialmente si están involucradas en un delito o en el consumo de drogas.
Ante esta realidad, diversos sistemas judiciales en Iberoamérica han creado o propuesto vías alternativas para abordar las enfermedades que padecen miles de jóvenes y adultos relacionados con la adicción. Jueces y otros actores han impulsado espacios de reflexión para encontrar maneras de tratar estas situaciones, reconocidas como enfermedades por especialistas en conducta y comportamiento humano.
Sin embargo, algo debe hacerse. Los poderes judiciales, el ejecutivo y los municipios, acompañados por la ciudadanía, pueden buscar alternativas creativas frente a este flagelo.
No veo con buenos ojos a quienes se dedican a la venta de estas sustancias. Considero que la ley no toma en cuenta a las miles de personas enfermas que deambulan por nuestras ciudades, víctimas de esos distribuidores, incluidos los «de cuello blanco» o los lavadores de dinero que se benefician de este sector. Ellos disfrutan de una buena vida y pagan a excelentes abogados para resolver sus casos en los tribunales.
Mientras tanto, los jóvenes, tanto hombres como mujeres, que deambulan por las calles del país no reciben la misma atención.
Opino que el sistema de justicia, incluyendo la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia, la Defensa Pública, la Dirección General de Prisiones y la Defensoría del Pueblo, deberían formular un plan nacional que promueva programas, proyectos y recursos económicos para enfrentar esta problemática.
Estas entidades públicas, con el respaldo del Estado y del sector privado, podrían abordar esta crisis que afecta a los dominicanos, especialmente a las clases media y baja.
Miles de jóvenes zombis recorren nuestro malecón, calles, barrios y comunidades, sin familiares que se preocupen por ellos y, peor aún, sin autoridades responsables de ofrecerles soluciones eficaces.
La sociedad, el Estado y las familias deben buscar estrategias para abordar esta problemática. Algunos poderes judiciales iberoamericanos ya han tratado de dar respuestas específicas mediante proyectos enfocados en esta situación.
En este contexto, los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos (MARCs) se presentan como una vía para abordar estos casos sin imponer leyes restrictivas.
En la República Dominicana, contamos con el proyecto de Tribunales de Tratamiento bajo Supervisión Judicial (TSJ), cuyo objetivo es “ofrecer tratamiento, rehabilitación y reinserción social a los infractores dependientes de drogas, como medida alternativa a su proceso penal o privación de libertad”.
Este proyecto está bajo la responsabilidad de la magistrada Kenya Romero, jueza del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional. Existe una alianza entre el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de Drogas, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y la Oficina Nacional de Defensoría Pública, con el apoyo logístico de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA.
