SANTO DOMINGO.- El acuerdo firmado por Maxi Montilla con el Ministerio Público establece que este aprovechó su cercanía familiar con el expresidente Danilo Medina para conformar una estructura de corrupción en el sector eléctrico, mediante un entramado ilícito que manipulaba procesos de compras y contrataciones públicas.
Según el acuerdo arribado con el órgano acusador, bajo el criterio de oportunidad, Montilla mostró arrepentimiento por haber formado parte de la red criminal de corrupción en perjuicio del Estado y cooperó de manera efectiva en la investigación para el sometimiento de los demás responsables del caso Pulpo.
Montilla, en su condición de cuñado del exmandatario, se valió de la confianza familiar para diseñar y crear una red criminal con el objetivo de establecer requerimientos técnicos y condiciones contractuales que favorecieran a sus empresas con contratos de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edenorte, Edesur y Edeeste).
El documento indica que Montilla, como parte de la red de corrupción que operó en el sector eléctrico, alteraba especificaciones contractuales en la ejecución, pagaba sobornos, lavaba dinero proveniente de actividades ilícitas, manipulaba plazos de entrega, accedía a informaciones privilegiadas, simulaba urgencias, sobrevaluaba productos y suministraba equipos reciclados como nuevos, entre otras irregularidades.
Entre las informaciones privilegiadas a las que accedía Maxi Montilla estaban los procesos de contratación pública, lo que le permitía anticipar los requisitos y condiciones de las compras, así como conocer decisiones administrativas antes de su publicación oficial.
La instancia establece que se creó un monopolio de proveedores en el sector eléctrico. Tras la homologación del acuerdo, Maxi Montilla y sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado, además de un inmueble valorado en más de 50 millones de pesos.
El acuerdo estipula que dicho inmueble será traspasado al Estado en un plazo de 18 meses a partir de la homologación. En caso de no realizarse el proceso en ese tiempo, Montilla se compromete a reemplazarlo mediante un cheque certificado por el valor del inmueble.
Asimismo, en el acuerdo se solicita disponer el cese de cualquier inmovilización a oposiciones a traspaso que haya sido dispuesta en el curso del proceso seguido en su contra como a las empresas.
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, dará el próximo día 23 lectura de la sentencia en la que se establece la homologación del acuerdo firmado entre Maxi Montilla y el Ministerio Público, mediante el cual admitió los hechos.
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