En la condición de miembro, sugiero que el Instituto Dominicano de Ciencias Penales proponga al Presidente de la República, en su condición de Jefe de Gobierno, convocar de urgencia una cumbre de los presidentes de los cuatro Poderes del Estado dominicano, con el propósito de realizar un encuentro denominado Cumbre de Entendimiento, para hacer un levantamiento, análisis y creación de mecanismos que impidan el colapso del sistema de justicia penal en el país.
Es de urgencia que se reúnan el presidente del Poder Ejecutivo, Danilo Medina Sánchez; el presidente del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía; el presidente del Poder Constitucional, Milton Ray Guevara, y el presidente del Poder Legislativo, Reinaldo Pared Pérez, con la veiduria de la Defensora del Pueblo, a fin de que le envíen un mensaje claro a la ciudanía que observa perpleja como se incrementa la violencia callejera, los asesinatos de ciudadanos, la muerte a mansalva de supuestos delincuentes en manos de la Policía, militares involucrados en narcotráfico, el enfrentamiento entre jueces y fiscales, la renuncia de jueces, fiscales y defensores públicos por la precariedad de sus salarios, los pronunciamientos estridentes de legisladores instigando a las matanzas callejeras, la escasez de jueces y fiscales en las jurisdicciones más pobladas, el colapso de la defensoría publica, el incremento absurdo de las penas, la quiebra de las garantías constitucionales en sede judicial, el desprestigio de la Policía, el debilitamiento del Ministerio Público, la ilegitimidad social de la Justicia, el populismo congresual, son expresiones de la falta de una estrategia global entre los actores del sistema que afecta las expectativas de la sociedad, mata la esperanza de la gente y atenta contra el régimen democrático del Estado social e incrementa la violencia por falta de un espacio donde dirimir con efectividad y eficacia los conflictos sociales.
La crisis del sector justicia, que se inicia en la sede policial con la denuncia del hecho criminoso, pasa por los despachos judiciales impulsados por el Ministerio Público y cierra con la pena en el centro penitenciario, es la causa fundamental de la violencia humana frustrada ante un sistema inoperante que termina buscando soluciones violentas por cuenta propia.
Esta situación ha generado que el último informe sobre criminalidad en el Caribe refleja que nuestros país es percibido por la gente como el tercer país más inseguro del área, solo superado por Honduras y El Salvador, donde hay maras o bandas organizadas, lo que atenta contra la imagen internacional de la República.
La República Dominicana se ha convertido en un almacén de drogas donde no hay controles de ingreso, solo una parte sale mientras la otra se queda para la venta, distribución y consumo interno.
Esta es otra de las causas graves de la violencia callejera, el consumo masivo de drogas en todos los sectores sociales.
La confrontación de los actores encargados de prevenir, evitar, investigar, procesar, juzgar y sancionar la criminalidad, el delito y los criminales afecta la seguridad humana, la seguridad ciudadana, la seguridad pública, la seguridad jurídica en el país.
Es censurable, deleznable, espurio que la Constitución haya instaurado el diseño de una política criminológica para evitar y en su caso afrontar la criminalidad, mientras los actores del sistema se enfrentan entre sí imputándose culpabilidades que de nada sirven a la solución de los conflictos.
El Presidente de la República, como Jefe de Gobierno es el líder del país, y como tal tiene la responsabilidad de convocar a los demás líderes del Estado para que juntos busquen los mecanismos para afrontar el fenómeno que a todos y todas afecta.
El Instituto Dominicano de Ciencias Penales asume el compromiso social de apoyar el Estado aportando cientistas, analistas sociales, juristas, criminólogos, investigadores, para ayudarle en esta labor, porque la ciudadanía somos todos.
