Los accidentes de tránsito siempre le cuestan a alguien. A unos les cuesta la reposición de una propiedad o parte de ella, porque siempre algún bien material resulta afectado; a otros, la vida o alguna parte del cuerpo destruida o lastimada en una colisión.
Cuando un conductor choca con un poste del tendido eléctrico, un árbol o un bordillo de acera, la afectación causada debe ser atendida por alguien, desde un ayuntamiento o del Ministerio de Obras Públicas.
Debido a la eventualidad de que al conducir un vehículo de motor en las vías públicas o privadas se le pueda causar un daño a alguien, o algo, el legislador ha dispuesto la obligatoriedad del seguro para la reparación de daños a terceros.
Este seguro, sin embargo, no es un resguardo ni borra daños, que siempre quedan. Tampoco es limitativo, así que los propietarios pueden asegurarse mediante una póliza la cobertura de daños personales, y a terceros, más allá de lo dispuesto por la ley.
Contrario a lo que pueda pensar quien tenga en su cartera o en el vehículo que conduce, un contrato de seguro, los daños causados a personas y propiedades no siempre pueden ser cubiertos con los montos de una póliza.
Pero es el caso, que cientos de miles de conductores de vehículos deben de carecer inclusive de esta previsión, en muchos casos modesta, conocida como seguro de ley.
La falta de comprensión acerca de lo que está en juego cuando se sale a calles y carreteras, sea a pie en un vehículo, no importa del tipo que sea, puede estar en la base de la temeridad al conducirse, al punto de convertirlas en espacios en los que el peligro siempre está presente.
Con esta falta de conciencia, con este fatalismo al que todos debemos exponernos cada día, también tendrá que vérselas el todavía recién llegado director de Intrant, el general Juan Manuel Méndez.
¿Podrá él, con la atmósfera de funcionario eficiente, convencernos de que es posible un cambio de actitud? Esperemos.
