Hay que velar por el respeto permanente de la Constitución en lo atinente al derecho al voto de los ciudadanos.
Es inexplicable que la Junta Central Electoral mantenga el sistema del arrastre en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Cristóbal, Puerto Plata y Santiago cuando la Carta Magna es clara en establecer el voto directo para elegir a los senadores y diputados, eliminando así la vieja práctica de la sumatoria de votos para la distribución de esos legisladores.
Nadie se explica la razón que tiene la Junta para violar la Constitución, pero el presidente de ese organismo, Julio César Castaños Guzmán, ha advertido que la medida no tiene “marcha atrás”, a pesar del rechazo generalizado de partidos y organizaciones de la sociedad civil, con la amenaza de que el caso llegue a la jurisdicción del Tribunal Constitucional.
La democracia se fortalecerá si cada ciudadano tiene el derecho de sufragar por los candidatos a senador y diputado que postule cada partido para los comicios de 2020, sin la atadura del ‘arrastre’, lo que contribuirá a fortalecer el liderazgo emergente y también que las fuerzas políticas opten por presentar figuras frescas y con potencial para trillar un verdadero liderazgo.
“La elección de senadores por sufragio universal directo en los términos que establezca la ley”, refiere el artículo 77 de la Constitución. ¿Por qué la Junta insiste en violar este mandato?
Ciertamente que representa un “paso de avance” que el ‘arrastre’ será eliminado en 26 provincias para 2020, como lo dice Castaños Guzmán, pero lo llamativo lo constituye que este método se mantendrá en las seis provincias con mayor cantidad de votantes y de mayor incidencia en la estructura política, lo que permitirá que los postulados por los partidos que acudirán a las elecciones tengan mayor posibilidad de retener o ganar sus curules en esas provincias que los demás candidatos en las 26 provincias del arrastre. Eso es discriminación.
