Más de 82 mil denuncias por contaminación sónica se registran en el Gran Santo Domingo

Santo Domingo, RD. – Más de 82 mil denuncias por contaminación sónica han sido registradas en lo que va de año en el Gran Santo Domingo, una cifra que evidencia la magnitud de un problema de convivencia ciudadana que, según la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, puede desencadenar discusiones, agresiones y otros hechos violentos.

Reynoso explicó que la contaminación sónica representa una carga importante para las instituciones responsables de atender los conflictos comunitarios, debido a la cantidad de denuncias que deben ser procesadas. Dentro del Gran Santo Domingo, Santo Domingo Este concentra la mayor cantidad de reportes.

Durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, la procuradora señaló que, las denuncias se producen todos los días de la semana y que no se trata exclusivamente de situaciones vinculadas con actividades nocturnas.

Los conflictos pueden estar relacionados con diferentes fuentes de ruido y situaciones que afectan la convivencia entre vecinos y comunidades.

Del ruido a la violencia

Para Reynoso, el problema de la contaminación sónica debe analizarse más allá de una simple molestia ocasionada por el exceso de ruido. A su juicio, este tipo de conflictos puede convertirse en un detonante de otras manifestaciones de violencia.

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Yeni Berenice: más del 70 % de la violencia está relacionada con la conflictividad social

La funcionaria sostuvo que más del 70 % de los hechos de violencia que se están produciendo actualmente están relacionados con la conflictividad social, una proporción que, según explicó, tradicionalmente se había mantenido entre el 58 % y el 60 %.

Entre los conflictos que pueden terminar en hechos violentos mencionó las discusiones por estacionamientos, música a alto volumen y otras diferencias cotidianas entre ciudadanos.

Como ejemplo, citó un caso ocurrido recientemente en Santiago, donde una discusión por 50 pesos terminó con la muerte de una persona.

“Lamentablemente, no hay una cultura de conciliación, de buscar alternativas y de conversar”, planteó Reynoso al referirse a la forma en que determinados conflictos pueden escalar hasta convertirse en hechos de violencia.

Una problemática que genera presión sobre las instituciones

La cantidad de denuncias por contaminación sónica también supone una mayor demanda de respuesta para organismos como la Policía Nacional y el Ministerio Público, que deben disponer de personal y recursos para atender los casos.

Reynoso consideró que la situación obliga a analizar el fenómeno desde una perspectiva de prevención y convivencia ciudadana, y no únicamente desde la persecución penal.

La funcionaria planteó que la respuesta debe incluir mecanismos que permitan resolver los conflictos antes de que escalen y terminen en agresiones o hechos más graves.

La violencia de género y las amenazas

La procuradora vinculó este panorama con otras manifestaciones de violencia que afectan a la sociedad dominicana. Indicó que durante 2025 el Ministerio Público recibió más de 73 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual, incluyendo aproximadamente 26 mil denuncias relacionadas con amenazas.

A su entender, estas cifras reflejan la necesidad de abordar la violencia desde diferentes ámbitos y de fortalecer los mecanismos de prevención, mediación y resolución pacífica de conflictos.

Reynoso plantea un pacto de Estado

Ante la dimensión del problema, Yeni Berenice Reynoso consideró necesario impulsar un pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad, en el que participen todos los sectores de la sociedad.

La propuesta, explicó, no debe limitarse al Gobierno ni a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. Deben involucrarse el sector empresarial, los partidos políticos, la academia, los centros educativos, los medios de comunicación, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, las iglesias y la ciudadanía en general.

“Esta problemática requiere una mirada holística”, sostuvo la procuradora, al insistir en que la prevención de la violencia debe asumirse como una responsabilidad colectiva.