Santo Domingo.- Al menos 54 civiles han muerto en lo que va de año en República Dominicana en el transcurso de intercambios de disparos con policías, por lo que el defensor del Pueblo dominicano, Pablo Ulloa, ha pedido a la Dirección de la Policía Nacional un informe en un plazo de 30 días.
En una misiva enviada a esa dirección y dada a conocer este miércoles en un comunicado,
Ulloa considera que el dato es “naturalmente preocupante porque la velocidad con la que se reproduce esta información en los medios de comunicación no permite a la ciudadanía que la recibe forjarse una opinión adecuada sin que se produzcan dudas, razonables en una sociedad democrática, sobre el uso proporcional o no de la fuerza letal por parte de los miembros de una agencia ejecutiva del Estado».
El texto recuerda que la Ley Orgánica de la Policía Nacional incluye entre sus principios fundamentales la actuación proporcional, por lo que el uso de la fuerza solo será lícito como última opción y obedeciendo a criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, de conformidad con la Constitución, las leyes y los reglamentos, al tiempo que establece que la Dirección de Asuntos Internos tiene la atribución de investigar las conductas de los agentes.
Precisamente, la semana pasada un menor de 17 años falleció en el municipio de Sabana Grande de Boyá (centro-este de República Dominicana) que se vio sorprendido por la persecución de la Policía a un presunto delincuente sobre el que pesaba una orden de arresto.
El adolescente fue herido de bala por un agente, puesto a disposición judicial, y posteriormente murió mientras recibía asistencia en un centro sanitario.
Desde que inició su primer mandato en 2020, el presidente dominicano, Luis Abinader, anunció un proceso para la “transformación” y “profesionalización” completa de la Policía Nacional, con especial atención a la formación y la educación, una reforma para la que el Gobierno buscó el asesoramiento de las fuerzas del orden de países como Colombia, España, Chile e Israel, así como de Nueva York.
Esa reforma está en marcha, con el objetivo de transformar una de las instituciones más cuestionadas de República Dominicana.
