Miami.– El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli tendrá que esperar en la cárcel por más tiempo la decisión del juez federal estadounidense Edwin Torres sobre su extradición, pese a la voluntad que ha mostrado el magistrado de agilizar el caso.
Martinelli compareció hoy encadenado y vestido de presidiario a la audiencia celebrada en los tribunales federales de Miami, la tercera desde que fue detenido el pasado 12 de junio.
Sin embargo, no hubo ninguna decisión del juez, que aseguró que los argumentos de ambas partes tenían mérito y “sentido». “No es un asunto insignificante que pueda pasar por alto”, aseguró Torres, quien fijo la próxima audiencia para el 22 de agosto.
El magistrado señaló que, al contrario que en otros juicios de los que ha estado a cargo, en los que había una argumentación más débil que otra, en este los alegatos de la defensa y la Fiscalía están igualmente fuertes.
La audiencia se centró especialmente en si el delito de interceptación que enfrenta Martinelli es retroactivo a la luz del tratado de extradición o su posterior actualización y si el expresidente estuvo involucrado en peculado y dirigió o no la red de escuchas ilegales que funcionó durante su Gobierno (2009-2014).
Ambas partes debatieron por largo tiempo si el tratado de extradición de Panamá con los Estados Unidos podría aplicarse a los cargos relacionados con la interceptación entre 2012 y comienzos de 2014.
Una actualización del tratado, en la que se agregan crímenes cibernéticos, entró en vigencia el 1 de julio de 2014, cuando Martinelli ya había dejado el Gobierno.
Marcos Daniel Jiménez, abogado de Martinelli, aseguró que el expresidente no puede ser entregado a Panamá porque el tratado original de 1904 descartó la retroactividad para extraditar a alguien.
La actualización “es un tratado suplementario, no puede ser aplicada retroactivamente”, manifestó Jiménez.
El abogado además agregó que los cargos relacionados con peculado (malversación de fondos estatales) son “pura ficción”, carecen de pruebas y la evidencia es débil.
Por otro lado, mientras la Fiscalía aseveró que Martinelli dirigió directamente las escuchas de las comunicaciones de periodistas y opositores, la defensa subrayó que no hay prueba alguna de que así fuera.
El fiscal Adam S. Fels acusó directamente a Martinelli de ser “el jefe”, basado en testimonios de los otros investigados en los pinchazos.
Entre tanto, los abogados de Martinelli, quien no habló en la audiencia, apuntaron que con las mismas evidencias que la Corte Suprema de Panamá ha presentado para pedir la extradición del exgobernante no logró enjuiciar a otros investigados por el caso.
El fiscal Fels subrayó que lo importante es que Martinelli “ordenó” interceptar las comunicaciones y que, según dijo, quiso deshacerse de los equipos que se usaban para eso el día antes de las elecciones de 2014.
Fels también indicó que no importa a quién se compró los equipos y con qué dinero, después de que Jiménez asegurara que no se usaron fondos públicos.
El fiscal además matizó que los equipos una vez son usados por el Gobierno pasan a ser “propiedad” de este.
También discreparon las partes acerca de si Martinelli controlaba o no el Consejo de Seguridad Nacional. Según el fiscal sí lo hacia y según la defensa, no.
El juez le preguntó directamente a Jiménez cuál es el argumento más fuerte de la defensa para oponerse a la extradición y este respondió sin dudar que la corrupción “endémica” de la justicia en Panamá.
Martinelli, al que Torres y la Corte Suprema de EE.UU. han denegado dos veces la libertad bajo fianza, es reclamado por la Corte Suprema de su país por cuatro delitos que tiene que ver con una red de escuchas ilegales que funcionó cuando era presidente y con peculado.
Los abogados de Martinelli pidieron al juez hoy que sea trasladado a un centro de reclusión al sur de Miami para que puedan tener mayor acceso a él.
Actualmente el expresidente está en un centro de detención situado junto a los tribunales federales, en pleno centro de la ciudad.
El exgobernante panameño, uno de los empresarios más acaudalados de su país, está radicado en Miami desde el año 2015 y tiene planteada desde entonces una solicitud de asilo, aun no respondida, en la que alega que es un perseguido político de quien fue su vicepresidente, Juan Carlos Varela, hoy presidente de Panamá.
El portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, señaló este martes a Efe que el expresidente está “preparado mentalmente” para un proceso largo, de como mínimo un año, y para pasar todo ese tiempo en prisión.