El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli logró asilo en Nicaragua. Foto de archivo.
Panamá.- El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli regresará extraditado a su país cerca de tres años y medio después de haberse ido y tras un año en una prisión de EE.UU., para enfrentar a una Justicia bajo presión por un caso de escuchas, una de las varias causas penales abiertas en su contra y que le puede costar hasta 21 años tras la rejas.
La llegada del “Loco”, como se hizo llamar durante la campaña que lo llevó al poder, le mete más presión a una Corte Suprema cuestionada en los últimos años por su actuación en decenas de casos de supuesta corrupción que involucran a exfuncionarios de Martinelli y empresarios que hicieron negocios con su Administración (2009-2014).
Las críticas vienen por las supuestas dilaciones para hacer las audiencias y decisiones polémicas como no declarar complejas investigaciones de corrupción que adelante del Ministerio Público, el otro ente judicial acusado de selectivo y de estar a las órdenes del Ejecutivo por sectores adversos al actual mandatario del país, Juan Carlos Varela.
En ese escenario la defensa sostiene su tesis de la “persecución política” contra Martinelli y denuncia la presunta sumisión a los designios del Ejecutivo de los magistrados del Supremo, los llamados a juzgar al expresidente por su calidad de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El panameño “es un Estado salvaje. Desde 1903 la Justicia panameña, especialmente la Corte Suprema de Justicia, ha estado arrodillada al poder político y ese es un escenario que hay que contemplar”, afirmó a Efe Sydney Sittón, abogado de Martinelli, el pasado 24 de mayo, cuando el expresidente hizo pública una carta manuscrita en la que prácticamente aceptaba su entrega a Panamá.
En ese escrito, Martinelli expresaba que se acogía al Tratado de Extradición bilateral de 1905 con su cláusula de especialidad, es decir, que solo podría ser juzgado en Panamá por el caso por el que es solicitado- el de las escuchas ilegales a más de un centenar opositores, incluido Juan Carlos Varela, quien fue su vicepresidente.
Sittón no descartaba “que independientemente que EE.UU. certifique que lo entregan bajo la regla de especialidad, el Estado salvaje desconozca eso” y se pretenda juzgar a Martenelli por alguno de los cerca de una decena de casos, casi todos por delitos contra la Administración Pública, que le ha abierto el Supremo, un escenario hipotético que la defensa estaría presta a enfrentar, dijo el abogado.
Pero el experto constitucionalista Ernesto Cedeño ve improbable que en el caso Martinelli se viole el Tratado de Extradición, entre otras causas porque traería “consecuencias internacionales a la República de Panamá».
Incluso si el expresidente decide renunciar como diputado del Parlacen, lo que haría que su caso pase a la Justicia ordinaria, no cambian los términos de la extradición e igual hacen “tránsito a la prescripción” los otros casos en su contra, el más avanzado de ellos el del otorgamiento de unos indultos, por el que es acusado de abuso de autoridad, explicó Cedeño a Efe.
La posibilidad de que Martinelli, de 66 años, renuncie a ser diputado del Parlacen, un cargo que asumen automáticamente todo los presidentes centroamericanos al abandonar el poder, “le corresponde a él definirla cuando llegue a Panamá”, afirmó Sittón el viernes, cuando se anunció que el Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó la extradición del expresidente por los pinchazos.
Lo que sí se podrán interpretar como un aviso de lo se puede esperar del Supremo en el caso Martinelli será la decisión del pleno de magistrados sobre las medidas cautelares para el expresidente en una audiencia a la que debe ser sometido nada más llegue al país, en una fecha que no se ha anunciado oficialmente pero que, legalmente, debe estar dentro de los próximos 30 días.
“Supongamos que él salga libre, caminando, como cualquier ciudadano, eso va a hacer que la Administración de Justicia se entierre, se sepulte, porque se va a patentar que hay dos sistemas de Justicia- uno para los de alto perfil y otro para lo que no”, opinó Cedeño.
Supuestas víctimas de las escuchas por su parte solo piden que Martinelli sea sometido al debido proceso y que la Justicia tome la decisión que corresponda.
“El Órgano Judicial tendrán que ver lo qué va hacer y ojalá que la institucionalidad y las leyes se respeten, el proceso sea manteniendo las garantías, y que si resulta inocente o culpable sea de acuerdo a nuestra legislación”, dijo a Efe el expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), uno de los supuestos afectados por los pinchazos y político del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Otra de las presuntas víctimas, la excandidata presidencial del PRD, Balbina Herrera, dijo a Efe que solo pide a las autoridades que se haga “lo que dice la Constitución y la ley. Ni más ni menos».
“Y si aquí en Panamá no ocurre nada, ya él ha tenido un año de prisión en Estados Unidos”, recordó la política panameña.
