SANTO DOMINGO. La inversión en el área de distribución eléctrica en los próximos tres años se estima entre US$300 y US$500 millones, con lo cual será posible contar con redes eléctricas seguras que reduzcan las pérdidas por problemas técnicos y fraudes.
La información fue ofrecida este jueves por el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Celso Marranzini, quien anunció que a partir del año entrante debe arrancar un agresivo plan de inversión con los primeros US$200 millones.
Informó que, centrado en ese objetivo, el Gobierno cuenta con un préstamo de US$132 millones de organismos internacionales, mientras está pendiente otro de US$152 millones con los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo.
El Gobierno nos ha transferido entre US$20 y US$25 millones para invertir en los antiguos barrios PRA y, aparte de lo que puedan aportar las distribuidoras de su propia caja, tenemos disponibles alrededor de US$200 millones para el año que viene, reveló Marranzini.
El coordinador del sector eléctrico estatal dijo que se salvaron los técnicos y los ingenieros eléctricos, pues tendrán mucho trabajo el año que viene, porque las tres distribuidoras estarán demandando mucho servicio.
Crédito OPEP
Por otro lado, Marranzini deploró que la Cámara de Diputados no termine de aprobar un crédito para rehabilitación de redes que por un monto de US$30.0 millones contrató el Estado con los Fondos OPEP.
No sé que están pasando ni por qué se está dilatando una de las soluciones al problema eléctrico, dijo el funcionario. El empréstito ya fue aprobado por el Senado.
Yo fui a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con mucho gusto expliqué la urgencia y la necesidad de ese préstamo. La semana próxima externaremos nuestra preocupación al BID y al Banco Mundial en una reunión que sostendremos, explicó el vicepresidente de la CDEEE. durante una entrevista en el programa Matinal, de Telemicro.
Tras resaltar la urgencia de la rehabilitación de las redes eléctricas, parte de las cuales ya han cumplido su vida útil de 40 años, afirmó que no vale la pena desarrollar un programa masivo de colocación de medidores si las conexiones ilegales continuarán con unas redes vulnerables.
