Santo Domingo.– La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, dijo hoy que la diputada Faride Raful se merece todo el respeto en el debate que se ha generado por la solicitud que hiciera para que se investiguen las contrataciones públicas hechas por el Gobierno dominicano durante los años 2012-2016 con las empresas de Joao Santana y su esposa Mónica Moura, ambos condenados en Brasil por evasión de impuestos y que fueron vinculados al caso Odebrecht.
«Faride Raful se merece todo el respeto en este debate que, al final de cuentas, enriquece nuestra democracia y la transparencia que hemos sembrado en los gobiernos del PLD. Rendir cuentas es parte de nuestras responsabilidades. #BienPorTi @Farideraful», escribió la Vicepresidenta a través de su cuenta de Twiter @margaritacdf.
Cedeño explicó que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ha facilitado las informaciones disponibles y «estoy segura que está a la disposición para cualquier otro requerimiento».
El gobierno dominicano admitió que le pagó millones de pesos al publicista brasileño Joao Santana y a su esposa Mónica Moura por servicios prestados, pero aclaró que fue mucho menos de los RD#1,400 millones que denunció la diputada Faride Raful, del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Mediante una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el director general de Comunicación de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, el gobierno precisó que los contratos otorgados a las empresas del publicista Joao Santana condenado en Brasil por corrupción y lavado de dinero ascienden a RD$460 millones y no a RD$ 1400 millones de pesos, que dijo Faride Raful.
Indicaron que las compañías Polis Caribe, SRL y Cine&Arts2003, SRL., del exasesor político del presidente Danilo Medina, fueron contratadas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación, pero por un monto de RD$ 460 506 711.77, con impuestos incluidos.
De acuerdo con Marchena y Peralta, la denuncia de la diputada opositora es una “tergiversación mal intencionada”.