Como ocurre cada pocos años, la atención nacional está centrada en la saga creada por un nuevo esquema de inversiones que promete riquezas, pero no es más que un engaño a la comunidad.

Me refiero, claro está, al drama provocado por Wilkin García, alias “Mantequilla”, y su presunta fórmula de multiplicar el dinero. Nuevamente, las autoridades encargadas de la salud del sistema financiero miran con impotencia cómo estos fraudes crecen sólo después de hacerse públicos, a pesar de las advertencias sobre su verdadera naturaleza.

Hace unos días comenzó la debacle anunciada y llegó la inevitable dificultad para pagar, la mantequilla se quedó sin grasa, por decirlo de alguna forma. Esto tiene consecuencias graves para los afectados, que pierden sus ahorros, y para el propio sistema financiero nacional, que ve injustamente afectada su credibilidad.

La pregunta es cómo prepararnos para enfrentar su inevitable repetición. En la actualidad, las autoridades monetarias y financieras no tienen jurisdicción sobre estos fraudes.

Y creo que es conveniente, porque sus recursos son limitados y deben concentrarse envelar por el sistema, que sólo puede incluir a negocios legítimos, so pena de confundir lo legítimo y lo fraudulento aún más de lo que ya lo está en el imaginario popular. Tampoco es posible perseguir, desde la necesaria formalidad de un órgano regulador, esta hidra de mil cabezas, que escapa a la más elemental de las obligaciones de una entidad de intermediación financiera: el registro.

Además, una actividad fundamentalmente ilícita no puede ser regulada, debe ser perseguida.
Como son fraudulentos, estos esquemas sí pueden ser perseguidos mediante el uso de la legislación penal actual, por lo que el Ministerio Público puede —y debe— actuar cuando cualquier institución pública los detecta. La formación ciudadana es también importante, porque como demostró el caso de Bernie Madoff, la educación formal no preserva de caer víctima de estas estafas.

Lo que sí conviene es establecer programas de colaboración que permitan la detección oportuna de estos fraudes y la colaboración de las autoridades encargadas de su persecución y —ahora sí— de los reguladores interesados en la robustez del sistema financiero. Esa colaboración es posible y necesaria: manos a la obra.