Awilda Cuello 
SANTO DOMNGO.– Wilkin García Peguero, mejor conocido como «Mantequilla» afirmó este jueves que está luchando por salir de prisión para poder trabajar y pagarle a la gente que estafó al convencerlos de que le entregaran dinero con la promesa de duplicárselo en pocos días.
«Nosotros estamos luchando para salir y pagarle a la gente que le debemos», dijo Mantequilla mientras salía del tribunal donde se le conocería la revisión obligatoria de la medida de coerción consistente en seis meses de prisión que le fue impuesta por estafa a través de un esquema piramidal.
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El juez Félix Reyes Vásquez tomó la decisión de dejar sin efecto la revisión obligatoria de la coerción debido a que el Ministerio Público depósito la querella formal el 31 de mayo del año en curso, y ya está apoderado un tribunal ordinario para conocer la fase intermedia de la audiencia preliminar el próximo el 5 de julio.
El tribunal también negó la solicitud de los abogados de Mantequilla de que este sea trasladado desde el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal, a la cárcel de Monte Plata.
Se recuerda que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Monte Plata impuso seis meses de prisión preventiva en contra de Mantequilla, procesado bajo cargos de estafa y amenaza de muerte.
La fiscalía de esta provincia recibió unas 25 querellas formales por estafa presentadas por ciudadanos a través de abogados contra García Peguero, así como unas 10 denuncias interpuestas directamente por ciudadanos.
El Ministerio Público gestionó el pasado la orden de arresto contra García Peguero por violación los artículos 307 y 405 del Código Penal Dominicano.
Su arresto fue ejecutado por miembros de la Policía en el Distrito Nacional mediante la orden judicial número 668-2022-SAJP-01389, emitida por el mismo Tribunal de Atención Permanente de Monte Plata.
García Peguero, según ha establecido el Ministerio Público, captó millones de pesos a través de una empresa no regulada, denominada 3.14 Inversiones World Wide, que operó en un local comercial y en una residencia del municipio Sabana Grande de Boyá, y sobre la que las autoridades financieras advirtieron a la población de que se trataba de un negocio piramidal.
