Martin Niemöller fue un destacado pastor luterano alemán, quien, al igual que el neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco Viktor Frankl, sobrevivió a los campos de concentración nazis, una de las herramientas mortíferas de Adolf Hitler.
A Niemöller no se le reconoce una obra del calibre de “El hombre en busca de sentido”, de Frankl, pero en el contexto del holocausto se le atribuye un poema que, entre otras cosas, narra: “Primero vinieron por los comunistas, y guardé silencio, porque yo no era comunista. Luego vinieron por los socialistas, y guardé silencio, porque yo no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas, y guardé silencio, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y guardé silencio, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, y ya no quedaba nadie que hablara por mí”.
El preámbulo es para introducir la seria amenaza que, se cierne sobre la libertad de expresión y difusión del pensamiento y la democracia dominicana, de entrar en vigor, sin modificaciones, la Ley 74-25, que instituye en nuevo Código Penal.
Esta se encuentra actualmente en período de “vacatio legis”, es decir, en vacancia de ley. Fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 3 de agosto de 2025 y se aplicará a partir del 2 de agosto de 2026.
El problema radica en que en la forma en que han sido configurados ciertos delitos, como la difamación, la injuria, la difusión de imágenes sin autorización y las ofensas contra funcionarios públicos, pone en peligro la libertad de expresión y el ejercicio de la comunicación en República Dominicana, provocando que diversos sectores de la vida nacional se hayan pronunciado contrario.
De manera particular se han citado los artículos 192, 208, 209, 310 y 379, que incluyen, entre otras sanciones, prisión, multas y el pago de indemnizaciones contra todo aquel que critique a funcionarios públicos.
La cuestión radica en que la aplicación de la legislación podría incentivar la autocensura por temor a sanciones penales, especialmente en temas relacionados con denuncias y opiniones sobre funcionarios públicos, afectando el rol de contrapeso social que deben ejercer los periodistas y los medios de comunicación en el país.
Establece la difamación extorsionista, a pesar de que se trata de dos delitos que marchan por separado.
No se trata de la primera vez en que se pretende amordazar a los periodistas y comunicadores; ya pasó con la ley que creó la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
También, en ocasiones, se ha tratado de ligar a quienes ejercen el periodismo con honestidad a casos de extorsiones a través de plataformas digitales con el ejercicio del periodismo. Constituye una afrenta y un acto de mala fe considerar lo mismo la cizaña que el trigo.
Los periodistas no hemos tenido la fortaleza para reclamar a viva voz que no dejaremos que se conculquen las libertades logradas a través décadas de lucha, como lo hizo Viktor Frankl, que a pesar de que padeció hambre, frío y brutalidades, pudo reconocer que la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles.
Tuvo que venir la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, para advertir sobre los riesgos de limitar voces en espacios alternativos y redes sociales, al considerar que estas plataformas han democratizado el acceso a la información.
El día en que nos callen con subterfugios legales, entonces no nos quejemos de que nadie exista para hablar por nosotros.
