Malacostumbrados a lo inaceptable

En República Dominicana hemos normalizado lo inaceptable. Las precariedades en los servicios básicos, agua, energía, salud, educación y vialidad, han dejado de ser una excepción para convertirse en parte de la rutina cotidiana. Vivimos en una sociedad donde la carencia se asume con resignación y la responsabilidad se diluye entre discursos, promesas incumplidas y gestiones fallidas.

A estas alturas, nadie se sorprende de que el agua llegue una o dos veces por semana en los hogares más humildes, o que no llegue en absoluto.

En respuesta, la gente se ve obligada a comprar tinacos, tanques y cubetas para almacenar lo poco que consigue. Quienes pueden, optan por soluciones más costosas como pozos tubulares, individuales o colectivos. Lo alarmante no es sólo la escasez del recurso, sino la naturalización del problema.

En el ámbito eléctrico, aunque se han logrado avances, persisten los apagones, la pérdida de energía y el robo mediante conexiones ilegales.

Las causas se repiten: redes deficientes y falta de un cobro efectivo.
Las protestas por el asfaltado de calles son otra postal diaria. Mientras en algunas zonas urbanas el exceso de asfalto eleva las vías por encima de las aceras, en otras solo hay polvo o lodo. Las autoridades, indiferentes, parecen no entender que la infraestructura también es calidad de vida.

La educación, ese eterno pendiente, ha transitado del reclamo por más inversión al desconcierto por la mala gestión de los recursos.

Tras años de lucha social, se asignó el 4 % del PIB al sector educativo. ¿Resultado? Aulas sin butacas, escuelas sin terminar desde 2012, escasez de cupos y una calidad educativa que avanza a paso lento. A veces, pareciera que el estrés de conseguir un cupo escolar para los hijos es una carga impuesta, asumida sin alternativa.

En salud, la historia se repite. Aunque hay avances visibles en infraestructura y calidad del servicio, el acceso sigue siendo desigual.

El sistema impone reglas arbitrarias, donde la gravedad del paciente pasa a un segundo plano frente a los procedimientos burocráticos.

Esta realidad ha provocado que nos malacostumbremos a aceptar carencias esenciales, como si fueran parte natural de nuestras vidas. Y eso puede ser peligroso. Porque cuando se pierde la capacidad de indignarse, también se pierde la voluntad de exigir.