Me asombro cada vez que vuelvo a ver titulares de prensa con las contradicciones por la necesidad de modificar lo que dispone el Código Laboral dominicano sobre cómo un empleador puede despedir a un empleado.
Por décadas, desde cuando participé en los diálogos tripartitos de fines de los ochenta, los representantes de los trabajadores rehúsan a rajatabla cualquier cambio que, desde su perspectiva, parezca una renuncia a los llamados derechos adquiridos al concluir el contrato de trabajo. Hace pocos meses el Gobierno impuso un aumento de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado del 20 %, beneficiando a casi dos millones de empleados.
Una consecuencia es que los empleadores resisten incrementar el sueldo de quienes ganen más que el mínimo.
Será difícil premiar por méritos o productividad. Equis sueldo mínimo como garantía de bienestar carece de sentido cuando hay trabajadores dispuestos a trabajar por menos, como los inmigrantes ilegales o dominicanos empleados por negocios informales.
Propiciar la regularización, crear nuevos empleos e incentivar al enorme sector informal a hacerse cliente de bancos y contribuyente del ISR, son objetivos más sanos, deseables y productivos que continuar creando inmanejables pasivos laborales que no benefician a nadie.
Las mejores políticas públicas sobre el trabajo, con o sin consenso, deben propiciar que la cantidad de empleados del sector privado crezca; no hipertrofiar nóminas estatales y dedicar enormes recursos a subsidios indiscriminados. Insisto por caco duro, pues luzco condenado a vivir sin pegar una…
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