El diputado Tobías Crespo ha hecho una denuncia que no hace más que recoger una realidad conocida, aunque ignorada.
EL Poder Judicial y el Ministerio Público tienen muchas denuncias, incluso documentadas, de estafas y extorsiones en la ejecución de embargos con el uso de la fuerza pública.
En esas acciones participan fiscales, dependientes del Ministerio Público, y alguaciles que están regulados por el Poder Judicial. Ambas instancias saben de la situación y si han actuado ha sido con mucha discreción.
Esos fiscales y alguaciles extorsionan, despojan y chantajean a ciudadanos indefensos, escudándose en su autoridad y en el desconocimiento que muchos tienen sobre los procesos legales.
Siempre se auxilian de la Fuerza Pública, que también son otorgadas de una manera cuestionable.
La ejecución de una sentencia que conlleve embargos o desalojos es un derecho que tienen los beneficiarios de la misma, pero en su ejecución muchos fiscales y alguaciles se aprovechan para extorsionar y chantajear pidiendo sumas altísimas como “gastos de ejecución” o simplemente “para arreglar las cosas”.
Aunque la denuncia del diputado Crespo se sustenta en un caso particular, en materia laboral muchos propietarios de micro y pequeñas empresas (colmados, salones, talleres, comedores y negocios de ese estilo) son víctimas de un cartel de abogados que hace uso de las mafias de referencia. Muchas veces el beneficiario de la sentencia desconoce de los métodos y los montos exigidos.
El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen ahora la obligación y moral de demostrar que el sistema funciona. Ninguna de esas dos instancias puede darse el lujo de mirar para los lados y dejar que esas mafias se escuden en el poder del Estado para abusar de personas indefensas e ignorantes.
Cuando la fuerza pública se usa para la extorsión y el chantaje se traduce en una verdadera negación de derechos.
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