Buenos Aires.- El Gobierno argentino dictó hoy un decreto para posponer la entrada en vigor del polémico nuevo Código Procesal Penal, impulsado por el kirchnerismo, y supervisar su implementación progresiva, informaron fuentes oficiales.

En el decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Ejecutivo sostiene que “no se encuentran reunidas las condiciones básicas para asegurar la implementación proyectada en el plazo oportunamente establecido”, es decir, para su entrada en vigor partir del próximo marzo.

La implantación en las actuales condiciones “pondría en grave riesgo la correcta administración de justicia”, continúa el texto.

El cronograma de implementación será progresivo y dependerá de una Comisión Bicameral del Congreso, previa consulta con el Ministerio argentino de Justicia y Derechos Humanos y con el Consejo de la Magistratura.

La decisión busca evitar “la aplicación asistemática y carente de integralidad de un diseño institucional cuya puesta en funcionamiento no se encuentra acabadamente planificada”, recalca el decreto.

Sin embargo, se aclara que la decisión “no implica modificación alguna de normas de carácter penal, sino que proyecta sus efectos sobre la organización, el funcionamiento y aspectos presupuestarios del Ministerio Público».

La principal novedad del nuevo Código Procesal Penal consiste en que la investigación de los delitos penales estará a cargo de los fiscales y no de los jueces de instrucción, como sucedía hasta ahora.

De este modo, los fiscales pasarían a tener el control de las investigaciones y de los plazos del proceso, mientras que los jueces se limitarán a garantizar el debido proceso y a dictar sentencia.

El proyecto fue aprobado en diciembre de 2014 gracias a los votos de la mayoría kirchnerista en el Congreso. Los entonces bloques opositores sostuvieron que el nuevo código alimentaría la impunidad de los delitos y rechazaron el poder que se le asigna a la Fiscalía.

Además, el Gobierno de Mauricio Macri oficializó hoy, con otro decreto, la modificación de otra polémica medida reglamentada por el Ejecutivo de Cristina Fernández el pasado julio que daba la competencia de las escuchas telefónicas al Ministerio Público Fiscal.

Las escuchas pasarán desde ahora a la órbita de la Corte Suprema de Justicia debido a que la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones “sólo es realizable de modo efectivo sujetando la intromisión a las comunicaciones a la existencia de una orden judicial previa debidamente fundamentada”, según el decreto.