La República Dominicana es, en la teoría constitucional, un Estado Social y Democrático de Derecho, que se basa en la dignidad de las personas, y que para quien no conozca la realidad nacional sería un modelo a seguir en el siglo XXI.

Lo anterior, sin embargo, se traduce en falacia. Pura mentira de unas élites que pregonan a todo pulmón libertades inexistentes. No se puede afirmar la existencia de derechos cuando no hay las garantías que se correspondan con los postulados proclamados.

Nuestra Carta Magna consagra una lista de prerrogativas que deberían ser protegidas por el Estado, pero que siguen en el tintero; nadie se ocupa en validar efectivamente el Estado Social y Democrático de Derecho que soñaron Juan Pablo Duarte y el resto de los Trinitarios.

La realidad radica en que determinados capitales poderosos que marcan la vida nacional frenan la viabilización de conquistas legales adquiridas, sin que la autoridad oficial responsable de titularlas cumpla con su rol constitucional. Aquí se puede incluir el viejo reclamo del derecho que tienen los servidores públicos de retornar al Sistema de Reparto a través del cual, una vez cumplan con los requisitos que manda la ley, accedan automáticamente a la pensión del Estado que les corresponde en justicia.

La lucha ha sido ardua a través del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) y la espera larga, a pesar de que no se trata de una mendicidad, sino de la reivindicación de un derecho. Muchas han sido las visitas y las vigilias a la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).

El poder empresarial se ha impuesto para impedir que los servidores públicos que cotizaban ante de la puesta en vigencia de la Ley de Seguridad Social, en el año 2003, retornen al Sistema de Reparto, de manera que sus aportes vuelvan al Ministerio de Hacienda, a fin de que reciban las pensiones que les corresponden legalmente.

El requisito consiste en haber laborado en el Estado por un período mínimo de veinte años y que hayan cumplido los 60 años de edad.

Paradójicamente, el sector privado ha contado con el apoyo estratégico de una institución que se financia con fondos públicos: la Superintendencia de Pensiones (SIPEN).

En la actual coyuntura, finalmente, aparece una luz en el camino para hacer justicia al legítimo reclamo de los servidores públicos.

La DIDA ha convocado a reuniones extraordinarias a la Comisión Interinstitucional de Traspasos de Cuentas de Capitalización Individual al Sistema de Reparto.

La idea está en el inicio del proceso de aprobación del traspaso al Sistema de Reparto Estatal para los miles de servidores públicos con derechos adquiridos a una pensión y que actualmente se encuentran afiliados a Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Hay que establecer los cronogramas pertinentes. No se deben admitir retrasos ni engaños. La mesa se encuentra servida para aplicar la Resolución Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) 579-02 de fecha 16 de noviembre 2023, que aprueba el Manual de Traspasos, instruido por la Resolución 572-07 del CNSS de fecha 6 de julio 2023.

Además de la DIDA, conforman la Comisión Interinstitucional la Superintendencia de Pensiones, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones.

Aunque sea con retraso e injusticia, ojalá la luz que se ha abierto pueda iluminar las mentes de los funcionarios comisionados para que los servidores públicos reciban sus merecidas pensiones.