Lula Da Silva
Sao Paulo.- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso y condenado por corrupción, intenta recabar apoyos en el exterior para legitimar su candidatura presidencial de cara a las elecciones de octubre, a pesar de estar virtualmente inhabilitado.
Lula, candidato por el Partido de los Trabajadores (PT), se ha valido de una decisión no vinculante del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para reavivar sus aspiraciones de volver al poder y amplificar sus denuncias en el escenario internacional.
El comité, compuesto por expertos independientes, emitió en la víspera un dictamen en el que pidió que se tomen “todas las medidas necesarias” para que el exmandatario “pueda ejercer sus derechos políticos” como candidato a la Presidencia, aunque esté en prisión.
También solicitó que Brasil “no impida” a Lula, quien, además de la condena a 12 años de cárcel, suma otros cinco procesos penales por presunta corrupción, participar en los comicios hasta que todos sus recursos en la Justicia hayan sido analizados.
Los abogados del exsindicalista y el PT exigieron el acatamiento inmediato de la decisión, tesis rebatida por la Cancillería brasileña que recordó el carácter no vinculante de las decisiones del órgano y afirmó que el país actúa con “celo”, “independencia” y apegada a la Constitución.
Para entonces la noticia ya recorría el mundo con manifestaciones vía redes sociales de algunos de los aliados del que fue el gobernante más popular de la historia de Brasil.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, celebró que el comité de la ONU reconociera la “legitimidad” de la candidatura del “hermano» Lula, mientras que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, destacó que el registro de la fórmula del expresidente “es el preámbulo de la victoria popular que se aproxima».
Lula, líder de las encuestas de intención de voto para las elecciones con una amplia diferencia sobre todos sus adversarios, ha conseguido desde la cárcel monopolizar la atención en torno a su figura en esta incierta campaña electoral.
Desde su ingreso en prisión el pasado 7 de abril en la ciudad de Curitiba (sur), se ha mantenido en el centro del tablero político gracias a su histórica popularidad, a los mensajes que divulgan sus asesores por redes sociales y al apoyo ciego del PT.
La estrategia de su partido también pasa por hacer visible en el extranjero la supuesta “persecución” que sufre el exgobernante, por medio de (tímidas) protestas en otros países y la suma de apoyos de cierta notoriedad.
En este sentido, seis ex jefes de Estado y de Gobierno europeos, entre ellos el español José Luis Rodríguez Zapatero y el francés François Hollande, ambos socialistas, pidieron en mayo pasado que Lula pueda ser candidato a las elecciones. También suscribieron ese manifiesto los italianos Massimo D’Alema, Romano Prodi y Enrico Letta y el belga Elio di Rupo.
Asimismo, la ahijada política de Lula, la expresidenta Dilma Rousseff, destituida a mediados de 2016, ha realizado conferencias en varios países denunciando la “prisión política” de su predecesor.
El excanciller brasileño Celso Amorim, que ocupó ese cargo durante los Gobiernos de Lula (2003-2010), se reunió recientemente con el papa Francisco en el Vaticano para hablar sobre el asunto con el sumo pontífice.
Toda una maquinaria política para defender una candidatura que se da por anulada en Brasil. De acuerdo con la legislación electoral brasileña, los condenados en segunda instancia, como es el caso de Lula, están impedidos de presentarse a cualquier cargo electivo.
Esa norma se recoge en un ley sancionada por el propio Lula en 2010, conocida como “Ficha Limpia” y cuya constitucionalidad fue ratificada en 2012 por la Corte Suprema.
El Tribunal Superior Electoral, que tiene de plazo para pronunciarse sobre Lula hasta el 17 de septiembre, cuando faltarán solo 20 días para las elecciones, ya ha recibido siete impugnaciones contra la candidatura del exsindicalista, entre ellas una de la Fiscalía General.
El PT insiste en que Lula es su «único candidato”, pero ha trazado un “plan B”, no reconocido públicamente pero explícito, en el que, si el expresidente es finalmente impedido, su compañero de fórmula, el exministro y excalde de Sao Paulo Fernando Haddad, asumiría su puesto.
Por el momento, la formación de izquierdas no ceja en su empeño y ha prometido batalla en la Justicia para defender la candidatura de su máximo líder “hasta las últimas consecuencias».
