Por: Teodoro Tejada
El Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE) fue creado a través el decreto No. 625-12, el mismo establece que serán construidas, reconstruidas y rehabilitadas 28,000 aulas en todo el país en un período de cuatro años, con una inversión inicial de RD$10,000 millones, también incluía el remozamiento de otros planteles escolares y la ampliación de los centros educativos que a partir de este proyecto operan con jornada extendida a 8 horas.
Este ambicioso plan del expresidente Danilo Medina fracasó por la falta de planificación en sortear escuelas y estancias infantiles, debido a que no se tenía el solar donde edificar estas obras, presupuestadas con diseños enlatados, que no respondían a las exigencias del estudio de suelos del lugar definitivo, después de realizado el primer sorteo el 30 de noviembre del año 2012 para la construcción de 340 nuevas escuelas y la ampliación de 32, lo mismo aconteció en los tres sorteos subsiguientes.
Lo que se agravó con la Ley 253-12 para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y El Desarrollo Sostenible, promulgada el día 9 de noviembre del año 2012, donde el Itbis de 16% pasa a un 18%, produciendo alzas de precios galopantes en los materiales de construcción y agregados.
El presidente Luis Abinader recibió un gran problema, con estas obras paralizadas y otras concluidas por más de cuatro años, sin recibir su pago de cubicación final, producido por los altos incrementos de su presupuesto original por encima del 25% permitido por el artículo 31, numeral 2 de la ley 340-06 que, para algunos funcionarios de su gobierno se trataba de que las causales de esta ley no le permitían pagar esas cubicaciones, lo que es una falsedad en virtud del artículo 32, numeral 1 de la misma ley 340-06.
Esto llevó al mandatario a mediados de febrero de este año 2021, en el acto de inauguración de un tramo carretero de la comunidad El Limón, de acceso a la playa El Morrón, provincia Samaná, a definir este grave problema como “nudo legal”, el cual le había dificultado a su gobierno la terminación del 95% de obras de edificaciones escolares y que esa situación le estaba afectando a todas las instituciones del sector construcción del Estado, tales como el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), El Instituto Nacional de la Vivienda(INVI), y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado(OISOE), y aseguró que estaban buscando la vía legal para terminar las obras.
En una conversación con el ministro de Obras Públicas, Ing. Deligne Ascención, le comuniqué que lo del nudo legal obedecía a una negación del equilibrio económico a los cuales la ley 340-06, en su artículo 32, numeral 1, le da el derecho a los contratistas para tales fines y me dijo: es que son tantos los problemas heredados en las construcciones de escuelas y estancias infantiles de la pasada administración que el Presidente para resolverlo prefirió una ley especial, a lo que le respondí: es verdad el presidente Luis Abinader tiene la razón.
Por lo que hay que reconocer el interés puesto por el gobernante de resolver este problema y de ahí nace la normativa enviada por el presidente Abinader al Congreso Nacional y aprobada como la Ley No. 118-21 sobre terminación de obras viales, escuelas y hospitales que se encuentran suspendidas. Encarga al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de actualizar los precios generales de dichas obras, del 1 de junio de 2021.
Gracias al empeño del presidente Luis Abinader, ya los pagos a los contratistas del PNEE se están realizando, debido a esta ley 118-21, la lucha constante de la Asociación Nacional de Contratistas de Sorteos de Escuelas y Estancias Infantiles, el eficiente trabajo que está realizando la Dirección del Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE) del Ministerio de Obras Públicas(MOPC), lo mismo que la oficina de Coordinación General Unidad de Fiscalización Programa Nacional de Edificaciones Escolares y la Dirección General de Gestión Financiera del ministerio de Educación (MINERD).