Las acciones tomadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump de retirar la visa a políticos acusados de corrupción no nos sorprende: desde hace un tiempo los Estados Unidos y países europeos se han dado cuenta que la corrupción latinoamericana es sistémica y salvo algunas excepciones los Estados carecen de la institucionalidad o medios para combatirla.
Hace algún tiempo escribí antes de que los Estados Unidos hiciera pública su decisión de retirar la visa a algunos políticos dominicanos y venezolanos entre ellos Diosdado Cabello, que existía una “geopolítica de lo moral” acciones de este tipo por parte de los Estados Unidos para señalar públicamente su desafección en la forma en que el enriquecimiento ilícito queda impone en nuestros sistemas judiciales.
Las sanciones contra políticos supuestamente corruptos las lleva a cabo la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, amparada en la sección 7031(c) establece que, “en los casos en los cuales el Secretario de Estado recibe información fidedigna sobre funcionarios extranjeros que hayan estado involucrados en corrupción significativa o en graves violaciones a los derechos humanos, esas personas y los miembros de su familia inmediata pierden su elegibilidad para entrar a los Estados Unidos”.
Indudablemente que ha habido ejemplos de lucha contra la corrupción en países como Brasil por ejemplo, pero la impunidad todavía está presente en varios países, por lo que creemos que acciones concretas contra la corrupción y su persecución extraterritorial, nos conduce a pensar que la lucha contra este fenómeno tan negativo se nos va a imponer.
El tema de la lucha contra la corrupción también es tema de la Unión Europea. Por ejemplo, la Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana (EuroLat) debatió hace algún tiempo sobre la corrupción transnacional y la evasión fiscal, así como los ajustes que deben realizar los países para dotar más transparencia a sus gobiernos.
Por ejemplo, Panamá fue incluida en diciembre pasado en la primera lista negra de paraísos fiscales elaborada por la UE, aunque el bloque europeo excluyó al país centroamericano y a otras 7 jurisdicciones de ese listado un mes después y los trasladó a una lista gris de observación.
La UE inició en 2016 un examen para determinar las listas en base a una serie de criterios: falta de transparencia, existencia de regímenes fiscales preferenciales y respeto de los criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra la optimización fiscal.
De las 92 jurisdicciones estudiadas por la UE en total, 47 -entre ellos Uruguay y Perú- se incluyeron en diciembre en la lista gris por comprometerse a cooperar en algunos de los problemas señalados por la UE.
Veremos que en el futuro inmediato y ya lo estamos viendo, la moral se nos va a imponer foráneamente. Obligarán a nuestros países a ser más transparentes y a los políticos respetar el erario público. La era de la exhibición de grandes fortunas de personas que han dirigido el Estado está pasando.
Es probable que próximamente nos obliguen a tomar acciones más concretas contra la corrupción para acceder a préstamos o a ciertos créditos internacionales, por lo que entendemos que llegó el momento de la geopolítica de lo moral y la transparencia a nuestros países.
