Periodista Luis García
La corrupción, en sus modalidades pública y privada, se ha interiorizado en el cuerpo de la sociedad dominicana
como una especie de cáncer contra el cual no están funcionando adecuadamente las terapias que se administran, en especial desde la esfera gubernamental.
Los gobiernos, el Ministerio Público y hasta parte de la justicia han terminado siendo cómplices de ciertas acciones que, en determinados momentos, se han cubierto bajo el manto del poder político dominante.
En el caso de las actuales autoridades, han sido reiterativas en recurrir a la retórica política para el abordaje de prácticas del presente sospechosas de corrupción y perseguir las reales o supuestas del pasado.
Recientemente, en un ejercicio retórico, el presidente Luis Abinader aseguró que la administración bajo su cargo mantiene un mensaje claro de “cero tolerancia” a la corrupción.
Posteriormente, en otro intento oficial por reafirmar ese mensaje, el Gobierno informaba que la República Dominicana será la sede del foro mundial anticorrupción que reúne a jefes de Estado, la sociedad civil y del sector privado. Se trata de la Conferencia Internacional contra la Corrupción y Transparencia Internacional.
De conformidad a la retórica gubernamental,
esas reconocidas organizaciones decidieron realizar el evento en el país por “los avances que se han tenido en ese aspecto”.
Del dicho al hecho, sin embargo, hay mucho trecho, según el refrán. La teoría no parece compadecerse exactamente en la realidad dominicana en materia de prevención y persecución de la corrupción administrativa; en el imaginario
de muchos dominicanos existe el convencimiento que la gestión de poco más de cuatro años del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se ha concentrado en la persecución de la corrupción en los gobiernos peledeístas
de Danilo Medina, cierta o no, y se hace de la vista frente a hechos considerados corruptos de la actual administración.
Existe una larga lista de funcionarios, de más de tres decenas, destituidos, suspendidos y renunciantes que se apartaron o han sido excluidos del Gobierno por múltiples situaciones, algunas presuntamente corruptas, sin que se haya movido la acción pública para agotar, al menos, la fase de investigación que sugieren las prácticas éticas elementales.
Entre las primeras desvinculadas de la administración de Abinader figuran Kinsberly Taveras y Luz del Alba Jiménez, exministras de la Juventud.
Taveras tomó licencia en diciembre del 2020 cuando la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa abrió una investigación por la fortuna superior a los 100 millones de pesos que hizo en su declaración de patrimonio. Luego renunció. Fue electa diputada PRM-Santo Domingo.
Mientras que Jiménez entró en relevo de Kinsberly y casi un año después, seis de septiembre del 2021, fue destituida mediante Decreto 786-21, por denuncias de irregularidades con licitaciones.
Para el mes de marzo siguiente, el mandatario intentó reintegrarla en el Gobierno como vicecónsul de la República Dominicana en Barcelona, pero la reacción social fue tan crítica que dispuso la suspensión del nombramiento.
Uno de los casos de mayor connotación se trató el del empresario Lisandro Macarulla , quien optó por la licencia como ministro de la Presidencia y luego renunció, tras un suyo hijo y su empresa, ser vinculados con supuestas irregularidades en la construcción de la Cárcel La Nueva Victoria.
En tanto que Wanda García fue destituida del Acuario Nacional, mediante Decreto 20-24, señalada por presuntas irregularidades en compras y contrataciones, hecho por el que fue suspendida del cargo.
Esto solo es una muestra, porque la lista es larga, sin procesamiento judicial, evidenciando que la lucha contra la corrupción gubernamental es mucho más que retórica de poder, sino de práctica ética en la función pública.
