Una de las principales características de la ciencia económica es que concentra su interés por el estudio de los fenómenos complejos de una manera extensa enfocada en la conducta social, la gestión de múltiples riesgos, los beneficios posibles y los potenciales escenarios macroeconómicos que se pronostican.
Indudablemente que las valoraciones que de estas se hagan tiene un elevado componente subjetivo, sin escapar de su esencia fundamental como lo es la sociedad, significando esto que como tal la economía termina siendo influenciada por la dinámica social y política prevaleciente, así como por el interés monetario intrínseco.
Por lo expuesto, el análisis económico del comportamiento de los votantes tiene una explicación fundamental en la microeconomía política que determina la aportación electoral, la información que estos manejen y como las organizaciones partidarias enfoquen su estrategia.
Y ha de ser de esa manera ya que el voto es un indicador de la capacidad de reacción o repuesta que han de tener los ciudadanos electores a las situaciones económicas de una sociedad determinada.
En los procesos electorales, los resultados económicos son determinantes para una gestión de gobierno acompañada del manejo de los fondos públicos de una manera pulcra, prudente y forrado de transparencia desvinculado de la intención de procurar dividendos electorales vía el uso alegre o desenfrenado de estos.
El uso de los fondos públicos por parte de algunos gobernantes es una forma de promover la corrupción administrativa de manera abusiva y desproporcionada en perjuicio de la democracia de calidad.
Generalmente cuando los gobernantes se ven acorralados por una situación económica y social adversa, son muy propensos al uso abusivo de los fondos públicos con la intensión de variar la percepción de los votantes.
La desesperación se apoderada de los gobernantes por el hecho de que la percepción de los votantes sobre la situación de la economía afianza su decisión electoral en el entendido de que tal criterio induce al denominado voto económico retrospectivo, es decir, que el votante descansa su decisión en valorar los resultados económicos como la inflación, el desempleo y el crecimiento de la economía, por lo que asumen que si el gobierno no ha tenido éxitos en esos tres aspectos, prefieren decantarse por el candidato que le proporcionará más beneficios individual y colectivo, algo que es un axioma.
Las evidencias empíricas demuestran que cuando los votantes tienen la percepción de que las circunstancias económicas son malas; donde la inflación y el desempleo parecen elevados, los votantes prefieren castigar al gobierno con su voto, planteando una configuración económica de rechazo.
La firmeza de la percepción económica desfavorable es de tal suerte que los votantes tienen muy presente lo que les ha pasado a Ellos y al país, convirtiéndose en un repudio general contra el gobernante de turno y su partido.
Bajos los planteamientos expuestos existe una explicación convincente de la teoría electoralista desde un enfoque económico que sostiene que, al momento de las elecciones, los votantes tienen como denominador común expresarse en función de los resultados económicos, en particular, los precios de los alimentos y el desempleo.
Y es que los resultados y comportamiento de la economía tiene una influencia directamente proporcional con la conducta que asumen los votantes ya que la incertidumbre que genera la situación económica se traduce en un descontento generalizado en los votantes, por eso es muy recordada la expresión de que, es la economía, estúpido, y de frecuente recordación en USA.
A la luz de la sorpresa inesperada que la economía le tiende al gobierno, este entra en una fase abrumadora de pánico y desesperación que induce a la adopción múltiples medidas sin medir las consecuencias que estas podrían arrastrar como el desorden en las finanzas públicas fruto de implementar ayudas no presupuestadas orientadas a proteger el poder adquisitivo o atenuar las dificultades individuales o mejorar sus ingresos de manera coyuntural.
Sin embargo, decisiones de esta naturaleza para nada lograrían apaciguar con cierta efectividad el voto de castigo ante una situación económica muy desfavorable, si se parte de que la evaluación del panorama económico general tenga gran incidencia en el voto.
Muchos gobernantes son advertidos por sus asesores de que el voto castigo es un reflejo de que la precepción de la situación económica mala es un riesgo que pone en peligro la favorabilidad por parte de los votantes, por tanto, recomiendan apelar a los programas sociales para mitigar tales riesgos.
No obstante, esta decisión puede convertirse en un arma de doble filo ya que cuando los votantes descubren que la activación de estos programas tiene como finalidad la politización de los mismos y que son coyunturales, en la generalidad de los casos se revierte contra el gobierno y su partido de una manera implacable y silenciosa.
