SANTO DOMINGO.-En la década (1990-2000) antes del inicio o promulgación de las leyes reguladoras de la salud en República Dominicana (42-01 y 82-01), existían las llamadas igualas médicas privadas que tenían como objetivo proveer servicios prepagados de salud; se trataba de entidades privadas, con gestión descentralizada, regidas por contratos privados sin regulación estatal y financiamiento voluntario por parte del cliente.

De acuerdo al doctor Rafael Pimentel, el nueve de mayo del 2001 se promulga la Ley 87-01 y el ocho de marzo 2001 la Ley 42-01 (Ley de Seguridad Social y Ley General de Salud, respectivamente), en su vigésimo aniversario encuentra en la realidad, una crisis del sector no imaginable, ni predecible por los honorables legisladores a la hora de la promulgación de dichas leyes.

Una realidad que en vez de potencializar una mejora continua de los servicios y del personal, lo que se nota es un retroceso.

El galeno destaca que es un proceso que ha tenido sus grandes inconvenientes desde el momento mismo de su promulgación, porque trae consigo un sinnúmero de inequidades que se ponen de manifiesto a la hora que cada ciudadano recurre a su centro de salud en busca de atención médica.

En este sentido, dijo que “No es correcto atribuir la responsabilidad de las dificultades que presenta el sector, sino que su estructura radica en la realidad social, exclusión e inequidad y en la ausencia de una voluntad política de aquellos que tienen en sus manos la generación de cambios.

Esto se visualiza en la resistencia a los cambios, cuando estos se generan en el marco de viejas y acostumbradas prácticas, erosionadas, inefectivas, grandes inequidades e incumplimiento de las normas o parámetros establecidos”.

Retos y desafíos
Al valorar los retos y desafíos, Pimentel indica que son múltiples, que es presentar a las leyes frente a una deficiente implementación.

Entiende que hay temas pendientes, como un excesivo gasto de bolsillo de la población asegurada, la descentralización y desconcentración de las diferentes regionales, autonomía presupuestaria de los hospitales, implementación de la red pública de salud, el formal arranque de atención primaria, una verdadera referencia y contrareferencia y el Ministerio jugar el verdadero rol de rector del sector Salud, asignado en el articulado de la Ley General de Salud.

Finalmente sostuvo” “Nuestra seguridad social es excluyente.

Aparte de que no protege al universo de la población, mantiene al margen una parte importante de la Población Económicamente Activa (PEA), como es el caso de los trabajadores de la economía informal; recién nacidos descendientes de personas del régimen contributivo no quedan automáticamente afiliados a la seguridad social, para garantizarles asistencia médica desde el primer momento”.

Mejorar servicios

— Adecuación
Hay que regular el número adecuado de médicos, enfermeras y otro personal de salud en subcentros, hospitales consultorios y UNAP. Una adecuación de estos en cuanto a estructuras físicas y equipamiento idóneo.