SANTO DOMINGO.- La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) emitió en este mes tres dictámenes, uno de ellos escrito por el magistrado Justiniano Montero Montero, juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, sobre las exigencias éticas frente a un exceso en la invocación de inhabilidades para juzgar.
En sus conclusiones el magistrado Montero asegura que la dimensión ética de las inhibiciones injustificadas de los jueces tiene efectos negativos en la tramitación y celeridad de los procesos.
“Un abuso de las abstenciones puede encubrir actitudes dilatorias, reflejar problemas de objeción de conciencia y aumentar la carga judicial”, explica el magistrado en su dictamen.
Sostiene en su dictamen que el abuso del derecho a la inhibición puede afectar el curso adecuado de la administración de justicia cuando atenta contra el principio de celeridad procesal, cuestión que los integrantes de la judicatura deben sopesar, particularmente cuando se aleguen causas que no se correspondan con las reguladas por el ordenamiento de cada país.
En sus recomendaciones, el también comisionado nacional ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, señala que los sistemas de justicia deben adoptar medidas sobre el abuso de la inhibición por los integrantes de la judicatura, con enfoque ético, cuando atenta contra la efectividad administrativa, la legitimidad de los sistemas y la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho.
Otros dictámenes
A propósito del auge en el uso de la inteligencia artificial en los poderes judiciales de Iberoamérica, la CIEJ produjo su vigesimocuarto dictamen sobre el uso ético de la inteligencia artificial en la labor jurisdiccional, del juez de la Corte Suprema de Costa Rica, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez.
En sus reflexiones el magistrado Sánchez sostiene que la inteligencia artificial afecta determinados derechos fundamentales: la intimidad, la privacidad y la protección de datos personales, lo que considera constituye un reto al entender que el procesamiento de la información podría ser realizado por empresas privadas sobre las cuales el Estado podría no ejercer control.
“La inteligencia artificial puede colaborar en múltiples tareas dentro del sistema judicial, pero la labor de juzgar debe seguir siendo una función propia de las personas juzgadoras, que deben tener la capacidad de comprender el espíritu de las normas y las implicaciones de cada caso concreto», manifiesta.
El juez costarricense considera importante el monitoreo de los sistemas de inteligencia artificial para verificar que no estén replicando o aumentando sesgos ya presentes en las bases de datos originales; de igual forma, deben establecerse sistemas de control y vigilancia informática para prevenir cualquier tipo de vulneración”.
Mientras que el dictamen sobre la proyección pública de la vida de los jueces y su relevancia ética, de la comisionada del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Farah M. Saucedo Pérez, indica que vida privada del juez (a) debe atender tres elementos fundamentales: la protección de los derechos individuales del juzgador (a), la ponderación del impacto de ese acto de su vida privada en la función que realizan y la gravedad de la ofensa, en atención a la percepción que la comunidad tiene de la conducta de los jueces.
En el documento Saucedo aboga por una reforma del Código Iberoamericano que incluya alguna referencia a la conducta de los jueces (zas) en las redes sociales, en relación con su vida privada y su impacto en la impartición de justicia.
Sobre la Comisión de Ética
La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) es el órgano encargado de asesorar a los diferentes Poderes Judiciales de Iberoamérica cuando estos lo requieran y de crear un espacio de discusión, difusión y desarrollo de la ética judicial en el ámbito iberoamericano.
Una de las labores esenciales de la CIEJ es la elaboración de dictámenes a propuesta de los poderes judiciales de la Cumbre o por propia iniciativa, que consisten en análisis de casos sobre los cuales se emiten conclusiones y recomendaciones a los poderes judiciales.
La Comisión es uno de los proyectos que se ha llevado a cabo dentro del marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana. La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial está integrada por nueve miembros y un secretario ejecutivo, elegidos por la Cumbre Judicial reunida en Asamblea Plenaria. Sus cargos son honoríficos y se desempeñan por un período de cuatro años con posibilidad de reelección.
