Los senadores tratan de dotar al país con un Código Penal ajustado a la realidad presente

Desde principio de siglo se realizan esfuerzos por concretar la reforma penal. La aprobación de ayer fue realizada en primera lectura.

SANTO DOMINGO.-Cuando faltaban 16 días calendarios para la conclusión de la legislatura ordinaria, 23 senadores aprobaron ayer, en primera lectura, el proyecto de Código Penal que el Congreso Nacional espera convertir en ley antes de que termine el mes.

A estos esfuerzos ya el tiempo se le cuenta en décadas, especialmente si tomamos en cuenta que los primeros intentos fueron realizados durante la administración de Hipólito Mejía (2000-2004).

Sería en el cuatrienio siguiente cuando gobernaba Leonel Fernández (2004-2008), que lo devolvió al Congreso Nacional por una inconsistencia con el Código Procesal Penal, que había sido promulgado en el año 2002.

La aprobación por parte del Congreso Nacional había tenido lugar en 2006 y desde entonces pasarían ocho años para que volviera a salir de ese órgano legislativo convertido en ley.

Si valoramos el primer intento, ocurrido durante la administración de Salvador Jorge Blanco, las aspiraciones de tener un Código Penal moderno se remontan al período de gobierno 1982-86. En aquella ocasión ni siquiera fue enviado un proyecto al Congreso Nacional.

Desde el siglo XIX
Todos decimos que el Código Penal vigente, como lo conocemos, tiene 141 años con nosotros, pero esto no es exactamente así. De 1884 es su localización íntegra, que tuvo su primera modificación el 30 de junio de 1910 en su artículo 456.

A continuación le fueron introducidas decenas de modificaciones que pueden ser halladas en el preámbulo de la Ley núm. 550-14 por quienes quieran ampliar en estos detalles.

Esta ley contiene el momento en que los dominicanos estuvimos más cerca de contar con un Código Penal actualizado a estos tiempos.

Ocurrió el 18 de noviembre de 2014, cuando el proyecto que había sido enviado por el Senado salió de la Cámara de Diputados con rumbo al Poder Ejecutivo que, efectivamente, lo promulgó el 19 de diciembre con el señalamiento de que entraría en vigencia el día 27 de diciembre de 2015, como lo disponía la propia ley.

En el camino sufriría un serio traspié en el Tribunal Constitucional, que dispuso la anulación de la referida Ley núm. 550-14.

Vuelta a cero
La resolución que declara la inconstitucionalidad del entonces nuevo Código Penal de la República Dominicana fue dictada en 3 de diciembre de 2015, veinticuatro días antes de que entrara en vigencia plena.

El Constitucional había acogido la acción interpuesta por las fundaciones Justicia y Transparencia (FJT), Transparencia y Democracia y Matrimonio Feliz, contra los artículos 107, 108, 109 y 110.

La sentencia dispuso también la continuación de la vigencia de la Ley núm. 2274 del 20 de agosto de 1884, que contiene el conjunto de normas del Código Penal dominicano que todavía nos rige.

Los comisionados
Legisladores de ambas cámaras tuvieron bajo su responsabilidad el estudio y coherencia del proyecto como una forma de agilizar su aprobación una vez entregaran su informe, el cual concluyeron a principio de esta semana.

Si los senadores aprueban el proyecto el paso siguiente es remitirlo a los diputados, que se encontrarán con un plazo aún más ajustado, si es que quieren entregarlo al Poder Ejecutivo en este mes.

El proyecto de Código de Trabajo también está en esta fatídica carrera contra el tiempo y ya escandaliza a empleadores, que ayer hacían reparos a su contenido.

Comisionados

— Tiempos de Lilís
En 1882 el entonces presidente Ulises Heureaux puso en manos de los abogados José Castro, Apolinar de Castro, Manuel Galván y José Joaquín Pérez la traducción y localización del Código, que regía y se aplicaba en francés.

Senado lo aprueba en primera lectura
Ágil. La aprobación en primera lectura se produjo luego de recibido el informe de los comisionados y tras cinco horas de lectura del proyecto.

Durante su intervención el senador Santiago Zorrilla, presidente de la comisión bicameral, describió la reforma como una “transformación estructural” del sistema penal que responde a la necesidad de adaptar la legislación a los desafíos del crimen contemporáneo, incluyendo la violencia de género, el crimen organizado, los delitos tecnológicos y la protección de los derechos humanos.

El proyecto fue pasado con una causal para el polémico tema del aborto, que es cuando la vida de la madre corra peligro por causa del embarazo.

Las dos causas dejadas fuera son: malformación del feto, y por violación o incesto.
Según Zorrilla, el proyecto “garantiza una aplicación más justa y moderna de la ley penal, cierra vacíos legales, clasifica y gradúa las penas de manera actualizada y se ajusta a los estándares de técnica legislativa”.