Al leer la acusación del ministerio público, es notoria la ausencia en la lista de imputados a una serie de personas que tuvieron un alto perfil en la estructura criminal que se le atribuye la principalía al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez.

La explicación es que el Ministerio Público hizo acopio a un recurso que le permite el Código Procesal Penal: las negociaciones.

La simple narrativa de la acusación permite identificar a los delatores y quienes colaboraron en la investigación, pues aunque dan detalles de su participación y admiten la comisión de hechos delictivos, fueron excluidos de la lista de imputados.

Aunque algunos podrían ser imputados en el futuro cuando se complemente el proceso, han negociado un trato preferencial por parte del Ministerio Público.

Tal es el caso de quien fuera la mano derecha de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República, Rafael Stefano Canó Sacco, quien estando detenido en España confesó sobre el modus operandi de lo que se ha denominado Caso Medusa.

El Ministerio Público no ha informado de ninguna negociación, pero EL DÍA confirmó que fue uno de los principales delatores.

Se informó que su testimonio fue fundamental para concluir la construcción del caso y poder obtener muchas de las pruebas que sustentaron la acusación del pago de sobornos.

Otro que logró librarse de ser incluido en la lista de imputados en esta acusación es Enrique Bonetti, quien decidió colaborar con el Ministerio Público y en su testimonio ofreció detalles de muchas de las operaciones fraudulentas que están contenidas en la acusación.

La mayor parte de los relatos consisten en las negociaciones para el pago de comisiones ilegales al entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, por la asignación de contratas mediantes licitaciones amañadas correspondientes al proyecto “Plan de humanización del sistema penitenciario”.

Otra persona que colaboró con el Ministerio Público y que no fue incluido en la lista de imputados es el ingeniero Antón Casanova, quien fue de los primeros en admitir que desde la Procuraduría se cobraba el 20% de las obras para entregárselo a Jean Alain Rodríguez y que además el pago debía hacerse en efectivo.

De igual manera, varias de las empresas constructoras involucradas y cuyo pago de comisiones ilegales está contenido en el relato de la acusación, no fueron imputadas porque colaboraron con informaciones útiles y alegaron que fueron obligadas a aceptar ese esquema de pago.

El Ministerio Público incluyó como testigo de cargo a todos los delatores y colaboradores que fueron librados de estar en la lista de imputados a cambio de colaborar con el caso.