Tal y como vaticinamos en nuestra columna anterior, esta semana pasada se reunió el Comité Nacional de Salarios y mediante un consenso anunciado, decidido aumentar el salario mínimo para el sector privado no sectorizado. Esto significa que empleados en categorías como el turismo, restaurantes, bares, zonas francas, construcción, entre otros, están excluidos pendientes de una revisión más adelante.

Los no sectorizados se dividen según el tamaño de la empresa, en grandes, medianas y pequeñas, según definiciones acordadas en años anteriores.

El aumento anunciado será en dos partidas, una en el futuro inmediato dentro de pocas semanas equivalente al 15 % del salario actual y otro en febrero del 2024 de un 4%. Con estos porcentajes eventualmente el salario mínimo en las grandes empresas será de $25,116.00, en la medianas empresa de $23,023.00 y en las pequeñas de $15,428.00.

Si bien es cierto que en algunos casos los nuevos salarios representarán un incremento en el poder adquisitivo de los beneficiados, cierto es que en el caso de las pequeñas y microempresas aún quedan muy por debajo del costo real de la vida.

No obstante, estos aumentos permitirán cierto alivio a las economías personales y sin dudas contribuirán a una mayor actividad económica del país.

Pero los aumentos dispuestos siguen la práctica de años anteriores de obviar las necesarias modificaciones al Código de Trabajo. El engorroso costo para las empresas y freno a nuevas contrataciones de la cesantía y su posible sustitución por un seguro de desempleo sigue huérfano.

Inclusive la misma práctica de subdividir el pago por un mismo trabajo según el tamaño de la empresa, la hora y día, y la actividad desempeñada, tampoco fue atendido.

Ya es tiempo de sincerizar los ingresos de los trabajadores estableciendo un solo salario mínimo según las horas trabajadas por semana, sin distinciones ni discriminación.

Ojalá llegue pronto la voluntad para unificar el valor del trabajo sin importar el sitio, día ni hora y que el pesado fardo de la cesantía encuentre una sustitución en un plan de compensación justo por desempleo preservando los derechos adquiridos por cesantía.