Desde hace tiempo muchas personas venían denunciando atracos en las carreteras. Las autoridades no lucieron tan diligentes como cuando la queja fue externada por el embajador de los Estados Unidos, en vista de que ciudadanos de su país resultaron afectados.
Al parecer ahora se muestra más interés que antes, pero de todas formas enhorabuena.
República Dominicana no puede darse el lujo de perder la seguridad en las carreteras, tiene que evitar a toda costa que los atracos a conductores se conviertan en algo más que hechos aislados.
Las implicaciones serían enormes, pues afectaría actividades tan vitales para la economía dominicana como el turismo y el transporte de mercancía.
Ya está ocurriendo que cuando personas llegan al país reciben las recomendaciones de tomar medidas de seguridad al salir del aeropuerto ante el peligro real de ser asaltados.
Lo mismo ocurre en la autopista Duarte, especialmente en los tramos en que la desidia estatal ha permitido que se arrabalicen.
Si el mal se generaliza ningún extranjero se sentirá seguro moviéndose del aeropuerto a los destinos turísticos, los dominicanos limitarían lo más posible su movilidad interna y el transporte de mercancía podría encarecerse ante la imposición de medidas de seguridad adicionales.
Las autoridades tienen la obligación de vigilar las carreteras y utilizar a los organismos de seguridad del Estado para desarticular esas bandas de malhechores.
