Es un axioma que, si el Estado gasta más de lo que recibe en impuestos u otros ingresos durante un año, esto provoca en lo inmediato un déficit presupuestario, o déficit fiscal, lo que en la práctica se traduce en un riesgo en la sostenibilidad financiera del gobierno. Una de las consecuencias de un aumento del déficit fiscal, es que se impulsa al crecimiento de la deuda pública, por tanto, se incrementan los intereses que debe pagar el Estado.

El Estado al incurrir en un déficit, se endeuda para pagar el diferencial generado entre sus gastos y sus ingresos y si este déficit se produce año tras año, entonces, ocurrirá que debe endeudarse año tras año. Es por tal razón que la consecuencia inmediata de un aumento de la deuda pública es que el Estado tiene que pagar cada vez más intereses, el cual contribuye en sí mismo en un déficit, generándose así  un círculo deficitario frecuente, que es el riesgo de la gestión pública.

La financiación del gasto público, mediante la emisión deuda, en vez de recaudar más impuestos, provoca un aumento del nivel de consumo en el corto plazo. Por igual, una financiación mediante déficit induce a una reducción de la inversión y, por lo tanto, a largo plazo, una reducción de la producción y el consumo, pero resulta que una reducción del déficit se traducen en un efecto contrario: pues permite que bajen los tipos de interés, lo que estimula la inversión y fomenta así el crecimiento económico y la mejora del nivel de vida en el futuro.

La mejor manera de entender la dinámica de los riesgos fiscales, fruto del déficit presupuestario y el endeudamiento público, es reconociendo que una de las principales funciones del Estado es establecer el marco jurídico dentro del cual se realizan todas las transacciones económicas.

En tal sentido, la tarea de describir en términos cuantitativos las actividades del Estado es descomunal y es esa responsabilidad que induce al déficit presupuestario y el endeudamiento público, los cuales son riesgos inherentes a la gestión pública.

En la actualidad existe la preocupación por los altos niveles de endeudamiento en que se ha incurrido en la economía global, esto así, ya que se entiende que el déficit presupuestario y, por supuesto, el endeudamiento público, está poniendo en riesgo el bienestar colectivo a largo plazo. Tal riesgo se observa en que la economía a escala planetaria transita por la era de los déficits fiscales y se ha incrementado el coeficiente de la relación deuda/PIB, cuya aceleración se ha estimulado por vía de la emisión de bonos.

En tal virtud, se interpreta que la política fiscal tiene el potencial de contribuir al crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica y la equidad social mediante la mitigación de los riesgos fiscales. Para lograr estas contribuciones, idealmente la política y la gestión fiscal deben entenderse como procesos de mediano y largo plazo ya que, con herramientas como las normas fiscales, no mediante pactos, los marcos macroeconómicos y fiscales de mediano plazo, los marcos de gasto de mediano plazo y los presupuestos contribuyen a implementar una visión racional que reduzca el déficit.

Pese al desarrollo de instrumentos cada vez más abarcadores y sofisticados de gestión fiscal, la atención que se ha venido prestando a los riesgos fiscales es limitada en las economías en desarrollo. Una inexistente o inadecuada gestión de los riesgos fiscales puede, potencialmente, reducir el espacio de la política fiscal para actuar de manera contra cíclica, o inclusive comprometer la sostenibilidad fiscal.

Como se sabe, los riesgos fiscales son eventos inesperados que afectan adversamente el marco fiscal establecido, como es el originado por la pandemia. En adición, la materialización de los riesgos fiscales puede tener impactos significativos sobre el resultado fiscal, el cual tiende a trastornar la economía cuando un gobierno impulsa una reforma fiscal en medio de una crisis ya que el resultado final es una desaceleración y frena la recuperación económica que afecta a los consumidores y al gasto público.