La corrupción es un flagelo que data de siglos; sin embargo, este no era parte del debate público y hasta hace tres décadas atrás y, en los hechos, se convertía en una palabra con cierta restricción en la agenda internacional de desarrollo. No obstante, el tema adquiere relevancia, desde la segunda mitad de los años 90 y la primera década del presente siglo XXI, cuando se gestaron propuestas sostenidas anticorrupción con medidas para enfrentar el malestar.

Con el auge del debate y la acogida anticorrupción, surgió la necesidad de fomentar también la demanda anticorrupción, fruto de la generación de conciencia y reconocimiento de que la corrupción nos afecta a todos, destruye la institucionalidad y erosiona la economía. La preocupación, por el tema de la corrupción, impulsó la medición de diversas encuestas, las cuales expresaban, como hallazgo, la dimensión y el rechazo social del problema de la corrupción, y es este fenómeno, generalmente, uno de los más trascendentales problemas que los latinoamericanos identificaron con preocupación.

La combinación de una mayor conciencia del problema, un conjunto de instrumentos anticorrupción, una ciudadanía que demanda más anticorrupción y el castigo a los corruptos, es lo que está haciendo que, día a día, se escuche el clamor en contra de más casos de corrupción en América Latina, y el malestar de la impunidad. Es tal situación que explica, en una alta proporción, que haya menos tolerancia contra este flagelo y que se descubran y publiquen los casos más bochornosos que da la sensación de mayor corrupción, cuando desde el Estado se promueven prácticas de negocios, promovidas por una estructura que se cree con patente de corsos.

En América Latina, lo que se observa en la actualidad es que muchas personas han penetrado a los diferentes estamentos de los gobiernos de los países, vía el sistema de partido político, como rentistas, con el objetivo expreso de realizar todo tipo de negocios sin importar las consecuencias de esta práctica malsana. Son múltiples los países de la región que han sido afectados con los actos de indelicadeza en el manejo de los fondos públicos y que se han puesto al descubierto que la misma opera con una estructura mafiosa público-privado que destruye las aspiraciones de bienestar y la institucionalidad.

Una reflexión detenida sobre el flagelo de la corrupción, permite interpretar que no existe una relación directa entre esta con ideologías políticas ni con el nivel de desarrollo económico de los países. Lo que sí se puede asumir como una constante irrefutable es que la presencia del flagelo de la corrupción de los países de la región está íntimamente vinculada con la debilidad o fortaleza de las instituciones, la cual es un riesgo para la estabilidad económica y social.

Hay que poner de relieve que la incompetencia institucional, la inestabilidad jurídica y la corrupción en las altas esferas de la política latinoamericana han creado, históricamente, un terreno extremadamente fértil para los actos de corrupción, a escala hemisférica, con hombres de negocios que apuestan como si se tratara de una práctica de casino. Aunque no ocurre en todos los países, por igual; en los últimos años, la corrupción se ha vuelto un asunto transcontinental en Latinoamérica, fruto de las revelaciones de casos, auténticos entramados, de corruptores y corrompidos que traspasan las fronteras nacionales como es el caso específico de la constructora brasileña Odebrecht.

La corrupción es uno de los mayores riesgos a los que se expone la economía y la democracia de América Latina ya que esta supone el equivalente al 5% del PIB mundial, y 25% del PIB de los países, en vía de desarrollo. El malestar de la corrupción es el lado más oscuro de América Latina, razón por la que es justo entender que el propio ordenamiento legal debe estar construido, para que resulten menos frecuentes los casos de corrupción y esta es la única manera de frenar la destrucción de la democracia y la economía de la región.