El presidente español tiene la autorización para hacerse con el control en Cataluña, pero ¿podrá hacerlo?
«Toda la actuación del gobierno español llega tarde. Esto ya es una República. Jurídicamente Cataluña ya es un nuevo Estado».
No todos estarán de acuerdo con la afirmación de Agustí Carles, el abogado de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, pero también hay muchos catalanes que piensan lo mismo.
Y esa es será la principal dificultad que enfrentará el gobierno de Mariano Rajoy en su intento por hacer efectivas las medidas adelantadas por el propio presidente español el viernes, luego de que el parlamento catalán proclamara la independencia de Cataluña.
Las medidas -que incluyen la destitución del gobierno autonómico encabezado por Carles Puigdemont, la disolución del Parlament presidido por Forcadell y la convocatoria a elecciones-, fueron aprobadas por el Senado al amparo del artículo 155 de la Constitución española.
Pero este sábado Puigdemont hizo transmitir un mensaje por la televisora pública catalana con el que -a su manera- dejó en claro que no aceptaba la destitución ordenada por Madrid.
«Son decisiones contrarias a la voluntad expresada por los ciudadanos de nuestro país en las urnas, los que saben perfectamente que en una sociedad democrática son los parlamentos los que escogen o cesan a los presidentes«, declaró el antiguo alcalde de Girona.
Puigdemont llamó a oponerse al artículo 155 con civismo y de forma pacífica.
«Nuestra voluntad es continuar trabajando para cumplir los mandatos democráticos (…), entendiendo las dificultades lógicas que comporta una etapa de esta naturaleza», recalcó.
Aguas inexploradas
Las dificultades a las que tendrán que hacer frente Puigdemont y sus aliados para hacer efectiva una declaración de independencia son muchas y muy grandes.
Pero, como se desprende de sus declaraciones, la restauración del viejo orden constitucional en Cataluña tampoco será una tarea fácil para el gobierno español.
Desde la aprobación del texto constitucional, en 1978, esta es la primera vez que el gobierno central recurre al artículo 155 para arrogarse temporalmente competencias propias de las instituciones autonómicas.
Y el mismo Rajoy aseguró que hubiera preferido no tener que navegar por esas aguas inexploradas y llenas de peligros.
«Madrid aprieta el botón nuclear constitucional», fue, de hecho, la forma de resumir el asunto que encontró del diario inglés Financial Times, en un artículo donde un analista advierte que el gobierno central difícilmente va a poder garantizar su implementación sin «niveles de violencia inaceptables».
Aunque a la hora de anunciar las medidas el presidente español prometió actuar «con prudencia y proporcionalidad».
«El Estado dispone de medios suficientes para, de forma pacífica y moderada, recuperar la normalidad legal y disolver las amenazas que [los independentistas] están volcando sobre la convivencia», aseguró Rajoy.
«Oposición democrática»
Lo cierto, sin embargo, es que el talante de la implementación del artículo 155 dependerá en buena medida de la respuesta del pueblo catalán.
Aunque, por el momento, no hay razones para creer que los escenarios más apocalípticos -como el de un análisis de Citi que advertía que la aplicación del 155 podría conducir a una «rebelión civil, con posibles grandes disturbios y enfrentamientos violentos»- vayan a materializarse.
Por un lado, un escenario de violencia callejera no le interesa al gobierno de Rajoy, quien parece haber entendido que una repetición de las imágenes de violenciaque marcaron la celebración del referendo del 1 de octubre solo alimentaría la causa independentista.
Pero además este movimiento siempre se ha enorgullecido por su capacidad para llevar su lucha adelante sin mayor violencia. Y este sábado Puigdemont pidió no abandonar «en ningún momento, una conducta cívica y pacífica».
«No nos desviamos: seguimos perseverando en la única actitud que nos puede hacer ganadores. Sin violencia, sin insultos, de manera inclusiva», insistió al pedir «una oposición democrática al artículo 155«.
Según varios medios españoles, la ausencia de violencia interesa particularmente a los líderes políticos del independentismo porque ese es un criterio clave para la aplicación del delito de rebelión, por el que la Fiscalía tiene previsto acusar el lunes a varios de ellos.
Y los miembros del gobierno autonómico cesados por el gobierno central que se resisten a dejar sus cargos corren además el riesgo de ser acusados por usurpación de funciones.
De hecho, este mismo sábado el gobierno español dijo que no iba a pronunciarse sobre las declaraciones de «el señor Puigdemont» por considerar que la valoración de sus conductas ahora «corresponde al ámbito judicial».
¿Resistencia pasiva o activa?
Todo esto significa que no habrá que esperar mucho antes de averiguar hasta dónde están dispuestos a llegar Puigdemont, Forcadell y otros posibles imputados que elijan desconocer lo ordenado por unas instituciones que algunos ya califican de «extranjeras».
Y tampoco para descubrir hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Mariano Rajoy para hacer cumplir tanto las destituciones como una eventual orden judicial, especialmente si los partidarios de la independencia intentan impedirlo en las calles.
Por lo demás, todo parece indicar que los miembros del gobierno autonómico más reacios a desconocer lo ordenado por Madrid ya se dieron de baja del Govern, pero los que quedan se aprestan a tratar de seguir ejerciendo sus funciones como si no pasara nada.
Lo que significa que muchos funcionarios intermedios tendrán que elegir entre obedecer a sus viejos jefes en Cataluña o los nuevos nombrados desde la capital.
Para el periodista de El País Rubén Amón, es precisamente dentro de las instituciones autonómicas catalanas donde el gobierno de Mariano Rajoy podría encontrar su principal obstáculo.
«Ya han anunciado los periodistas de TV3, de Cataluña Ràdio y de la Agencia Catalana de Noticias que no acatarán la intervención de los nuevos gestores», advirtió Amón en un artículo publicado antes de la aplicación del artículo 155.
«Y les han secundado la gran mayoría de Ayuntamientos, los estamentos educativos (…) y hasta el cuerpo de bomberos, reacio por completo a reconocer la legitimidad de un ‘Estado invasor’«, agregó.
Por el momento, sin embargo, todo parece indicar que la policía autonómica -los Mossos d’Esquadra– ha optado por no desafiar las órdenes de Madrid, con su director general, Pere Soler, aceptando su destitución con una carta en la que le pide a sus subordinados seguir actuando con profesionalismo.
Una decisión que no es menor si se considera que, según el análisis de Citi, «una alianza de la policía regional con los partidos independentistas podría hacer que la situación escale rápidamente».
Elecciones sí, pero…
Finalmente, está el tema de las elecciones convocadas por el presidente Rajoy para el próximo 21 de diciembre, a las que muchos ven como la mejor opción para tratar de solucionar la crisis.
Algunos sectores del independentismo han dicho que sería «letal» para la causa no tener presencia en el parlamento y parecen considerar la posibilidad de participar en los comicios convocados desde Madrid.
Otros, sin embargo, han descartado completamente la idea y se rumora incluso que el Govern está considerando convocar sus propias elecciones, las que presentaría como «constituyentes».
La posibilidad de una nueva votación -o dos- en la que solo participe una parte de la sociedad catalana, más que una solución parece sin embargo una nueva forma de profundizar la crisis.
O, cuando menos, de simplemente volver a ponerla en evidencia.
