"Toda la actuación del gobierno español llega tarde. Esto ya es una República. Jurídicamente Cataluña ya es un nuevo Estado".
No todos estarán de acuerdo con la afirmación de Agustí Carles, el abogado de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, pero también hay muchos catalanes que piensan lo mismo.
Y esa es será la principal dificultad que enfrentará el gobierno de Mariano Rajoy en su intento por hacer efectivas las medidas adelantadas por el propio presidente español el viernes, luego de que el parlamento catalán proclamara la independencia de Cataluña.
Las medidas -que incluyen la destitución del gobierno autonómico encabezado por Carles Puigdemont, la disolución del Parlament presidido por Forcadell y la convocatoria a elecciones-, fueron aprobadas por el Senado al amparo del artículo 155 de la Constitución española.
Pero este sábado Puigdemont hizo transmitir un mensaje por la televisora pública catalana con el que -a su manera- dejó en claro que no aceptaba la destitución ordenada por Madrid.
"Son decisiones contrarias a la voluntad expresada por los ciudadanos de nuestro país en las urnas, los que saben perfectamente que en una sociedad democrática son los parlamentos los que escogen o cesan a los presidentes", declaró el antiguo alcalde de Girona.
