El ejercicio de la corrupción en muchos políticos y funcionarios gubernamentales dominicanos está tan arraigado q ue algunos de ellos han aprendido a exportar dicho flagelo social a escenarios foráneos donde esa acción nociva no se mide con la misma vara que en la República Dominicana.
Solo quien es o ha sido testigo presencial del esfuerzo empleado por la comunidad quisqueyana establecida en New York, especialmente en el Alto Manhattan, para ganar espacios notables en la política estadounidense puede sentir el dolor que produce perder los mismos.
A pesar de las contradicciones entre ambos, de los errores cometidos al apoyar candidatos ajenos a los intereses de sus compatriotas, y de pequeños escándalos públicos que han protagonizado, Guillermo Linares y Adriano Espaillat son los dos únicos dominicanos de la diáspora que han alcanzado un liderazgo sostenido y posiciones políticas importantes en New York .
Linares como concejal local (1991-2001),c omo Comisionado de Asuntos Migratorios de la Alcaldía de Nueva York (2001-2004) y como Asambleísta Estatal (2011-2013). Y Espaillat como Asambleísta Estatal (1996-2010) y Senador Estatal (2011-2014).
Sin embargo, Miguel Martínez, Nelson Castro y Gabriela Rosa, tres jóvenes activistas comunitarios de origen dominicano con buen potencial para competir por cargos políticos prestantes, han sido acusados por las autoridades estadounidenses de corrupción, perdiendo así sus puestos y, de paso, el derecho a optar por una posición electiva en el futuro. Martínez y Castro eran concejales en Manhattan y el Bronx, respectivamente, y Rosa, asambleísta estatal en Manhattan.
Martínez fue acusado de corrupción y nepotismo en la medianía de 2009 y sentenciado, en diciembre de ese mismo año, a treinta meses de prisión en una cárcel federal, y la misma cantidad de tiempo en libertad bajo palabra. Cinco años en total.
Su delito consistió en desviar la suma de 200 mil dólares a una institución de la que él formaba parte y donde laboraba una hermana suya. Le instruyeron cargos por defraudar deshonestamente el servicio público y por lavado de dinero.
Castro, por su parte, fue asambleísta estatal del Bronx entre 2008 y 2013. Pero desde los inicios de 2008 la Fiscalía del Bronx, luego de revisar su récord personal y encontrar una larga ristra de delitos cometidos desde el año 1989, cuando todavía era un adolescente (robo, conducir con licencia suspendida, fraude de cheques, fraude electoral, etc.) lo puso bajo la lupa.
A finales de julio de 2009, tras de ser acusado por un Gran Jurado del Bronx por un problema de orden civil, negoció con la Fiscalía a cambio de recibir una condena suave o la anulación de cargos en su contra.
Desde entonces quedó comprometido a llevar un micrófono escondido para delatar a los políticos newyorquinoscorruptos. Su carrera política terminó el 8 de abril de 2013 cuando tuvo que abandonar su asiento de la Asamblea Estatal de Nueva York por delator.
Varios políticos, entre ellos el asambleísta estatal del Bronx Eric Stevenson, fueron sometidos a la justicia por las delaciones de Castro.
El más reciente escándalo de corrupción protagonizado por un político dominicano de la diáspora es el de Gabriela Rosa, quien hace apenas una semana fue forzada a dejar su cargo de asambleísta estatal ganado en el año 2012, acusada de un fraude matrimonial cometido en 1996 y de una declaración falsa de bancarrota presentada al gobierno federal.
Aunque ambos delitos son graves en el sistema judicial norteamericano, si los gringos castigaran a todos los implicados en matrimonios fraudulentos tendrían que construir centenares de cárceles más para albergar a los infractores de esa ley migratoria. Lo de la bancarrota es otra historia.
Probablemente Rosa fue delatada por un adversario político suyo, porque en política hay juegos indecorosos embadurnados de turbiedad; o por algún envidioso mezquino incapaz de celebrar el triunfo ajeno.
Pero más desconcertante aún es pensar que talvez su delator es un paisano suyo que, al igual que ella, emigró a los Estados Unidos buscando que la vida le sonriera de una manera más justa y satisfactoria.
Mientras llega el juicio que sentenciará a Gabriela Rosa, tanto los políticos dominicanos de la diáspora como los locales deberían reflexionar sobre las secuelas que dejan las conductas ajenas a la honestidad y al sentido común.
