En la prensa dominicana a puesto en el tapete conflictos entre integrantes de instituciones públicas en donde sus miembros  se deben a la confidencialidad, dada la relevancia en sus funciones en la opinión pública y para la ciudadanía; ya que sus decisiones sean para la transparencia en un caso y en otro, su accionar tienen como objetivo buscar soluciones a las problemáticas sociales o conflictos de la gente.

Republica Dominicana cuenta con varios órganos colegiados dentro de los cuales se destacan la Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Superior Administrativo (TSA), Suprema Corte de Justicia (SCJ), Cámara de Cuentas (CC), Defensoría del Pueblo (DP) y otros órganos; cuyos quehacer es enfrentar controversias que afectan a la ciudadanía; a las cuales acude a esas instancias estatales buscando salidas en un caso judicializando y por otro, salidas alternas a sus conflictos.  Para algunos entendidos en la materia, lo que provoca más fricciones en estos órganos estatales, es la diversidad de profesiones, creencias religiosas, políticas, económicas.

Estas instituciones unas de reciente creación y otras con una trayectoria de décadas, han dado muestras por un lado de madurez, gobernabilidad, de consenso pero respetando en disenso que podría presentarse en las reuniones de trabajo; en donde varias de ellas o más bien, sus integrantes tienen opciones de emitir sus opiniones por escrito de la situación discutida, analizada y concertada.

Ninguno de estas instituciones estatales está exenta de la ocurrencia de un conflicto. Todas están conformada por personas y en donde trabajan personas en grupos o en equipo, es normal las diferencias de criterios, posiciones, argumentaciones y expresiones. Recuerden que donde hay más de una persona la posibilidad de la ocurrencia de un conflicto es inevitable. Ya que el conflicto es inherente a la persona.

Esta última, las expresiones son las que colocan al conflicto en una situación de alta o de baja. Se toma en cuenta como lo dice, sus gestos, señalamientos y palabras utilizadas cuando él o la integrante de uno de estos órganos emite sus criterios, sean basados en la constitución, convenios internacionales, leyes o jurisprudencia o su experiencia según el caso pueden incidir para ocasionar un conflicto.

Lo ideal en donde existe un conglomerado de personas trabajando, es que exista un dialogo entre los involucrados. En donde todos sus integrantes tengan la oportunidad de exponer sus ideas sea por escrito o verbal dentro del equipo. Lo cual es fundamental para el fortalecimiento institucional de la entidad gubernamental y una oportunidad para la ciudadanía que disfruta de sus servicios. O bien, podrían contar con los servicios de mediación y conciliación para mediar las confrontaciones; para eso podría la institución estatal contratar los servicios de una persona mediadora. Es ideal, ya que es un tercero imparcial.

Los casos más recientes en el país, fueron el de la Defensoría del Pueblo, en donde parte de sus integrantes expusieron sus puntos de vistas a través de un medio de comunicación. Parece que en esa instancia pública no se había conversado sobre las diferencias de sus integrantes y el Defensor.  A pesar de ser una entidad mediadora de conflictos entre el Estado y la ciudadanía.

Luego que trascendió a la opinión pública (medios de comunicación: El Día, Hoy, Listín, Diario Libre, El Nuevo Diario, Camino, La Información, El Nacional, El Caribe u otros), previo a argumentos jurídicos sea legal o constitucional; estos externaron un mensaje de que habían solucionado sus controversias y que encontraron lazos para trabajar en equipo y por el bienestar de la institución. Es decir, lograron lo que estos llamaron un “existe un consenso” para que las labores fueran ejercidas de manera participativa e integrando a los denominados defensores adjuntos y suplentes. Un buen ejemplo para las demás instancias del Estado.