Los dueños de colegios decidieron aumentar de un golpe la tarifa hasta el 30 por ciento a sus tarifas y también imponer una serie de medidas coercitivas para el cobro de las cuotas.
Además, están reclamando el pago por adelantado los meses de su ciclo anual.
La medida de los centros educativos privados había sido precedida de una similar anunciada de manera unilateral por las clínicas privadas, las cuales decidieron aumentar el 14 por ciento a los servicios que brindan y, por lo tanto, cargar ese monto al copago que se les impone a los pacientes.
En ambos casos se puede alegar que se trata de negocios privados y que por lo tanto sus propietarios pueden hacer lo que les dé la gana, pero no es así.
Son entes privados incorporados en dos servicios que constitucionalmente están protegidos: educación y salud.
Por lo tanto el Estado dominicano tiene la obligación de regular la participación privada en ambos casos.
No son negocios cualesquiera ni pueden estar como chivos sin ley.
En el caso de las clínicas privadas, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) tomó el toro por los cuernos y decidió suspender los servicios a las clínicas que aumentaron de manera unilateral, pese a que hay contratos previos.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales(Sisalril) ha convocado a un diálogo a ambas partes en procura de un acuerdo, pero advertimos que cualquier decisión debe tener como principal interés la defensa de los pacientes.
La Ministra de Educación también anunció una convocatoria del Consejo Nacional de Educación para tratar el tema de los aumentos de los colegios privados.
En este caso también hay que tener en primer plano el interés de las familias y los estudiantes.
El Estado no puede mirar para otro lado. Debe darle el frente a la situación planteada
