Víctor Féliz Solano
El actual presidente de la República, Luis Abinader, llegó al poder con una serie de promesas que despertaron la esperanza de un mejor futuro para los municipios dominicanos.
Uno de los compromisos más destacados fue el aumento anual del porcentaje económico destinado a los ayuntamientos desde el presupuesto nacional. Sin embargo, con el tiempo, estas promesas han quedado en el aire, y los municipios siguen esperando ese aumento que nunca llega.
Abinader asumió la presidencia con la promesa de incrementar en un 1 % anual el porcentaje económico asignado a los ayuntamientos. Al principio, este compromiso parecía un paso hacia el fortalecimiento de las administraciones locales y el desarrollo de los municipios, pero la realidad ha sido decepcionante.
El porcentaje se mantenía en un 3.2 al comienzo de su mandato y, según su promesa, debería haber alcanzado el 7.4 al finalizar su período, lo que lejos está de suceder pues para el año 2024 ese porcentaje cayó a 1.96.
Este incumplimiento tiene consecuencias significativas en el desarrollo municipal. La falta de recursos adecuados limita la capacidad de los ayuntamientos para proporcionar servicios esenciales a los ciudadanos y emprender proyectos de desarrollo local. Como resultado, los municipios se ven atrapados en un ciclo de estancamiento económico y limitaciones presupuestarias que obstaculizan su progreso.
Un aspecto aún más preocupante de esta situación es la asignación discrecional de recursos a algunos ayuntamientos. A lo largo de su mandato, el presidente Abinader ha distribuido recursos de manera selectiva, favoreciendo a ciertos municipios, aparentemente en función de sus intereses políticos y partidarios.
Esta práctica, opaca y carente de transparencia, plantea serias dudas sobre la equidad y la justicia en la distribución de fondos.
Los municipios que no están en la lista de los “favorecidos” se ven obligados a luchar con presupuestos insuficientes, lo que socava aún más sus esfuerzos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
El desarrollo local se ha vuelto una quimera en muchas comunidades, ya que la falta de recursos afecta negativamente la inversión en infraestructura y otros servicios esenciales.
La asignación discrecional de recursos a ciertos municipios, basada en consideraciones políticas, solo socava la confianza en el sistema y perpetúa la percepción de que la política prevalece sobre las necesidades reales de la gente.
Esta práctica genera divisiones y descontento entre los municipios, carcomiendo la cohesión nacional y la solidaridad entre las comunidades.
Es imperativo que el Gobierno cumpla con sus promesas y garantice una asignación justa y equitativa de recursos a todos los municipios. Solo así se puede fomentar un verdadero desarrollo local y asegurar que ningún municipio se quede rezagado debido a razones políticas.
Además, es fundamental que se promueva la transparencia en la distribución de recursos. Los ciudadanos tienen el derecho de conocer cómo se están asignando los fondos públicos y si se están utilizando de manera efectiva para el beneficio de la comunidad en su conjunto.
La sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales tienen un papel fundamental en la supervisión y el escrutinio de las acciones del Gobierno en este sentido.
La presión ciudadana es esencial para garantizar que se cumplan las promesas y que se promueva un desarrollo equitativo en todo el país.
El presidente Abinader debe tomar medidas concretas para remediar esta situación y asegurar que todos los municipios tengan la oportunidad de prosperar.
El futuro de la República Dominicana depende en gran medida de la inversión en el desarrollo de sus municipios, y es hora de que estas promesas se conviertan en realidad.
*Por Víctor Féliz
