En muchas oportunidades advertimos que el entonces proyecto de Ley de Partidos que se estaba discutiendo en el Congreso era un verdadero mamotreto, a tal punto que la llegamos a calificar de “tollo”.

Cada observación que hicimos se ha ido cumpliendo con la precisión de un reloj digital con batería nueva.

Sectores demasiados sensibles y obnubilados por las diatribas de la inmediatez que impulsaban ese tollo tuvieron la insensata reacción de atribuirle a EL DÍA intenciones de afectarlos.

EL DÍA simplemente estaba viendo con claridad lo que al parecer estaba en tinieblas como consecuencia de la rabia, las malquerencias y la desconfianza entre actores envueltos en aquel debate insensato.

Con gran pesar, el paso del tiempo nos ha dado la razón.

El Tribunal Constitucional ha tenido que ir declarando inconstitucionales aspectos nodales de esa legislación y parece que su tarea aun está inconclusa.

Hay otros aspectos que su inviabilidad no era por cuestión constitucional, sino de conveniencia para el sistema electoral.

La Junta Central Electoral está sufriendo lo que advertimos pasaría. Ha sido arrastrada a una disputa interna de un partido político, resultando lesionada su buena reputación, con el agravante de que apenas faltan cuatro meses para las elecciones municipales.

En adición, corre el riesgo de ser arrastrada en otra disputa, esta vez sobre si un precandidato que participó en un certamen interno puede ser o no candidato por otra organización política.

Ese será un debate que cesará con una sentencia del Tribunal Constitucional, pero resulta que quien tiene plazos fatales es la Junta.

Esperamos se tomen rápidas las decisiones jurisdiccionales pertinentes para no afectar el calendario electoral ni someter al árbitro a un estrés evitable.

Ese tollo de ley sigue trayendo lodos, haciendo pagar incluso a quienes advirtieron por adelantado de las dificultades de la aplicación de lo que se aprobó.