El Día 
Por ELIAS RUIZ MATUK
A mi juicio, fueron infaustas declaraciones de la Procuradora Adjunta y directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, ante la decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que descargó al ex director de la OMSA, Manuel Rivas y demás acusados en el caso del asesinato del abogado Yuniol Ramírez. En este hecho solo fue condenado Argenis Contreras a 20 años de prisión.
Se estima que la reacción de Reynoso obedece, además, a otras decisiones judiciales como el cambio de medida de coerción a Alexis Medina y demás implicados en el caso Pulpo de prisión preventiva a prisión domiciliaria y el uso de grilletes electrónicos.
Sobre esto último hemos siempre afirmado que de las siete medidas con que cuentan, tanto el Ministerio Público como los Tribunales, la última es la prisión preventiva, pero por presiones mediáticas y hasta por populismo judicial, imponen esta última a sabiendas de que no se trata de una condena, sino mas bien, un plazo que se ofrece para el proceso investigativo y la búsqueda de pruebas para que las mismas se ventilen en el juicio preliminar y luego en el juicio de fondo.
El último dato a ese respecto cuenta que el 38 por ciento de las coerciones dictadas en República Dominicana es prisión preventiva. Solo el año pasado se impusieron 20,937 medidas coercitivas, de las que 8,015, o sea 38%, fueron prisión preventiva.
El Instituto de Investigación de Política criminal y judicial en un estudio reciente dice que el uso indebido de la prisión preventiva es una de las principales causas de la sobrepoblación carcelaria y constituye una grave violación de los derechos fundamentales.
En cuanto a las decisiones judiciales sobre los casos de referencia, previamente, tanto Reynoso como el director de Programa Especializado de Prevención de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, han dicho que las investigaciones que ha realizado el Ministerio Público son expedientes “blindados” en contra de los acusados.
Ahora bien, tanto en el caso de ODEBRETH como del caso OMSA, los tribunales de la República han emitido sentencias que el Ministerio Público ha considerado “constituyen una vergüenza para la justicia”, para tomar las palabras de Reynoso, tras afirmar que Rivas malversó RD$3,000 millones.
Creo que el declaracionismo y la búsqueda de protagonismo en los medios y las redes sociales no es el papel, ni de Reynoso, ni de Camacho, sino más bien, crear conciencia, primero de que la prisión preventiva no debe ser la principal medida de coerción solicitada por el Ministerio Público y acogida por los jueces, por mas impactante que sea el caso en los medios de comunicación. De todos modos tendrán que esperar el tiempo reglamentario para obtener las pruebas e iniciar un juicio preliminar.
¡Basta ya! Creamos conciencia, tanto a la población a los jueces, al ministerio público, para que no condenemos a los encartados en cualquier expediente, sin que antes se decida en los tribunales en una sentencia de lo irrevocablemente juzgado, la culpabilidad o inocencia del acusado. Así, haremos justicia.
