La ola populista que recorre Latinoamérica tiene características esenciales comunes en todos los países, a pesar de las diferencias puntuales que pueda haber entre ejemplos particulares. Una de ellas es el desmonte de la institucionalidad desde el abuso del poder político que otorgan las instituciones. Los jueces son un buen ejemplo de ello cuando no se someten a los designios del demagogo.
Vemos muestra de ello en Ecuador, país cuyo presidente ha llamado “enemiga del pueblo” a la Corte Constitucional porque ha anulado leyes aprobadas por un Poder Legislativo favorable al Ejecutivo.
También, el mandatario acudió a una manifestación contra los jueces el mismo día que, por una casualidad muy conveniente, amanecieron vallas con la foto de los nueve magistrados de la Corte acusándolos de robarle la tranquilidad a los ecuatorianos.
Esto no es una simple crítica a la labor de los jueces, que es normal en el contexto de la dinámica del sistema de frenos y contrapesos.
Se trata en realidad de un intento descarnado de hacer a los jueces temer por su seguridad personal y laboral para lograr que renuncien a su independencia de criterios. Como todo funcionario, los jueces pueden ser objeto de críticas, esto es un fenómeno distinto.
En los sistemas democráticos el juez tiene función de árbitro y garante de los derechos de ambas partes durante el proceso. Esto trae como corolario el que las partes tengan herramientas procesales para intentar apartar a un juez cuando entienden que no cumple adecuadamente con esa función.
Esto, aunque desagradable para todos los involucrados, es normal y, por lo menos en el caso dominicano, no implica un cuestionamiento de la moralidad del juez.
Lamentablemente, cada vez es más frecuente que desde el poder institucional -no sólo desde la presidencia, como en el caso ecuatoriano- se vaya más allá.
Se acusa a los jueces de ser cómplices del crimen con el propósito de encubrir los fracasos y faltas de quien, desde las instituciones públicas, está descuidando su labor.
Por si esto fuera poco, se somete a los jueces a vigilancia o se presiona a sus pares y superiores para que obliguen al juez a fallar contra su criterio.
Esto es distinto, en forma y fondo, al uso de las vías procesales legalmente establecidas.
Ese fantasma, como muchos otros, recorre América. Hay que proteger a los jueces de la región de él.
